Los empresarios acusan a Sánchez de enviarlos a la liquidación
Josep Sánchez Llibre (Foment -CEOE) carga contra el Gobierno por dudar de la “honorabilidad” de los empresarios en la lucha contra el coronavirus
Durísimo comunicado de la patronal contra el real decreto del gobierno de Pedro Sánchez que veta los despidos mientras dure el estado de alarma. Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment del Treball y vicepresidente de la CEOE, advierte que se trata de una decisión “precipitada y unilateral” que condenará a muchas empresas al concurso de acreedores y a la liquidación.
Sánchez Llibre recalca que los empresarios no pueden aceptar que se ponga en duda su “honorabilidad” bajo la sospecha de cometer fraude en la lucha contra el coronavirus. “No lo toleraremos”, advirtió.
El real decreto aprobado por el gobierno este jueves prevé las empresas no puedan despedir por causa de fuerza mayor ni por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción que se deriven de la crisis sanitaria a partir de este sábado, 28 de marzo, mientras esté vigente el estado de alarma.
Foment del Treball considera que las medidas de este decreto suponen “una ruptura de principios básicos de nuestro Ordenamiento, que torpedean la línea de flotación de las empresas en un momento crucial, hurtándolas de la capacidad de poder adoptar decisiones necesarias y adecuadas para garantizar su viabilidad”.
Sánchez Llibre no ahorró en adjetivos para definir el último decreto de medidas urgentes del Gobierno: “una decisión precipitada, gravísima, unilateral e injustificada, de dudosa constitucionalidad que atenta la libertad de empresa, y que aboca a muchas de ellas al concurso de acreedores y a su liquidación”.
Insistió en que las medidas sobre el despido previstas en el decreto “son de dudosa constitucionalidad”, con el argumento de” que atentan contra el principio de libertad de empresa constitucionalmente reconocido en el artículo 38” de la carta magna.
Recordó que el Tribunal Constitucional amparó la libertad de decisión de las empresas, no solo para actuar en el mercado, sino también para dirigir y planificar su actividad en atención a sus recursos y a las condiciones del propio mercado, según contempló la sentencia 83/1984.
Desconfianza
Sánchez Llibre subrayó que las medidas del Gobierno “transpiran una desconfianza injustificada en la capacidad y responsabilidad” de la gestión que llevan a cabo los empresarios.
Ante la crisis sanitaria, social y también económica de la pandemia de coronavirus, Sánchez Llibre reiteró que la “única salida posible” es la confianza mutua entre el Gobierno y los empresarios, así como la puesta a disposición de las empresas de mecanismos financieros, económicos y laborales que “aporten oxígeno” para reducir los efectos perjudiciales que se derivan de esta crisis.
En este sentido, insistió en que lo que precisan las empresas es disponer de mayores instrumentos de flexibilidad para gestionar sus relaciones laborales y poder utilizarlos, evitando o limitando, de ese modo, extinciones de contratos.
Las medidas adoptadas por el Gobierno son “erróneas” y van en la “dirección contraria” si se pretenden mantener los empleos y la ocupación. Si no se rectifican, Sánchez Llibre advierte que muchas empresas se las condenará a presentar ERE, concursos de acreedores o a la liquidación definitiva.
Foment considera que la revisión de oficio de los ERTE que prevé el decreto, así como la posibilidad de sanciones, abocan a las empresas a una “enorme” inseguridad jurídica. Insisten en que la potestad de sanciones no corresponde a la administración, sino a los tribunales de justicia.
