El varapalo de Estrasburgo socava la estrategia independentista

La Generalitat dice que "respeta" la sentencia del TEDH que avala la suspensión de un pleno en que se iba a declarar la independencia

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En marzo del año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España a indemnizar con 14.400 euros a dos jóvenes catalanes que habían sido sentenciados a penas de prisión sustituidas por sendas multas por quemar fotos del rey. La decisión fue jaleada por el expresidente catalán Carles Puigdemont, que aún no había renunciado a ser investido por el Parlament y que en su cuenta de Twitter puso la sentencia como ejemplo de que “la vía internacional”, pese a ser “lenta, pesada y compleja”, era también “la más efectiva para hacer caer el régimen instalado en España”.

Y a esa apuesta se ha abonado el independentismo, que, por un lado, apuesta por Estrasburgo como estación final de todas las causas abiertas en las distintas instancias judiciales españoles relacionadas con el procés, y, por otro, ya ha presentado más de una veintena de reclamaciones a Estrasburgo.

De ahí la importancia del portazo que este martes le ha dado Estrasburgo a Puigdemont, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el líder de ERC, Oriol Junqueras, y los otros 73 diputados catalanes que suscribieron la demanda contra el Tribunal Constitucional tras haber suspendido este el pleno previsto el 9 de octubre de 2017 y en el que supuestamente se iba a declarar la independencia. Finalmente el pleno se celebró l día 10, pero esta vez, convocado a petición de Catalunya Sí Que Es Pot, el grupo de los comunes, y en virtud del reglamento de la cámara, no de la ley de desconexión que ya había sido suspendida previamente por el TC, por lo que este consideró 

El fallo resulta todavía más doloroso para las fuerzas soberanistas porque socaba su argumentario, al considerar la suspensión del pleno por parte del TC una medida «necesaria en una sociedad democrática» para «mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de derechos y libertades». El planteamiento utilizado por el tribunal no resulta un buen augurio para los planes de internacionalización judicial del pulso que los independentistas le plantean al Estado.

Antes del bofetón, ya había habido algún cachete, pero siempre por cuestiones formales. De hecho, aquel mismo mes de marzo en que condenaba a España por el caso de la fotos quemadas, el TEDH rechazaba la demanda de dos particulares que le reclamaban que suspendiera los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional para que Puigdemont pudiera ser investido: esto es, que acudiera a la cámara catalana de forma presencial y previa autorización del juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena. No había lugar a aplicar medidas cautelares, alegó entonces el tribunal.

De hecho, una reclamación en el mismo sentido impulsada por Roger Torrent, que cayó igualmente en saco roto, generó ese febrero un enfrentamiento entre el presidente del Parlament, miembro de Esquerra, con Puigdemont y el grupo parlamentario de Junts per Catalunya (JpC), que acusaron a Torrent de haber actuado de forma unilateral y alegaron que la iniciativa podía perjudicar la estrategia legal del expresident y que Estrasburgo tenía que ser el punto final de la vía judicial, no la primera opción.

Al fin y al cabo, por aquel entonces ya hacía meses que el Estrasburgo había rechazado igualmente una demanda de la ONG Instituto de Derechos Humanos de Cataluña que, días antes de la supuesta declaración de independencia del Parlament del 27-O y la consiguiente intervención de la Generalitat, le pedía que evitara, también como medida cautelar, la aplicación del artículo 155.

Desde entonces, el TEDH ha ido acumulando más de veinte reclamaciones relacionadas con el procés, la mayoría, de particulares. Una quincena de esas demandas están relacionadas con el desmantelamiento de la sindicatura electoral del 1-O. El pasado octubre se desestimó la primera de ellas, presentada por una integrante de dicha sindicatura. Pero la sentencia dictada ahora es el primer varapalo de Estrasburgo contra los líderes del procés, que pasaron de puntillas por una sentencia que sí motivó un reproche de uno de los abogados de Puigdemont, Gonzalo Boye, al de Junqueras, Andreu Van den Eynde, que fue quien presentó la demanda.

La Generalitat «respeta» la sentencia

Por lo demás, los líderes independentistas guardaron este martes un prudente silencio que contrasta vivamente con las escandalizadas soflamas con las que en su momento reaccionaron a la suspensión de aquel pleno. Quim Torra, sin ir más lejos, respondió a la decisión del PSC de llevar el pleno al TC preguntándose en las redes: «¿Qué es el Tribunal Constitucional?.

Este martes, en cambio, el president, que entonces aún no lo era, se dejó de ironías y prefirió no hacer ninguna referencia al revés de Estrasburgo. Y la portavoz de su gobierno, Meritxell Budó, se limitó a apuntar que la Generalitat “respeta las decisiones de los tribunales internacionales”. Lo que vale para esta y también para “las anteriores que condenaban al Estado español por vulneración de derechos fundamentales”, remató, en referencia, por ejemplo, a la que el año pasado sentenció que, en uno de los juicios en los que fue condenado, se vulneró el derecho de defensa del dirigente abertzale Arnaldo Otegi, un fallo del que el independentismo sí que hizo bandera cuando se produjo. “Esperamos que las [causas elevadas a Estrasburgo] que ganaremos en un futuro también las respete quien las tiene que respetar”, zanjó Budó.

¿Y Puigdemont? En su momento, también él se hizo eco en su activísima cuenta de Twitter de la sentencia del caso Otegi, como había hecho con la de las fotos del rey. Este martes, sin embargo, se limitó a hacer unas declaraciones en Londres en línea de las de Budó: «Pido a las autoridades españolas que el compromiso que dicen tener con el TEDH cuando les es favorable, lo tengan siempre.

Y su única referencia a la última resolución de Estrasburgo en las redes consistió en retuitear un mensaje de Beatriz Talegón en el que la exsocialista reciclada en opinadora afín al puigdemontismo se quejaba de que en el titular de la noticia con la que el 3/24 daba cuenta del fallo se destacaran los nombres del expresident y de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, cuando la demanda  la suscribieron 76 diputados, atribuyendo la selección a oscuros intereses partidistas en lugar de al criterio periodístico de los autores de la información. A falta de elementos con que señalar al Estado, las fuerzas independentistas corren a señalarse entre ellas.


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