El Supremo libra a la banca del impuesto de las hipotecas

Giro de 180 grados del Tribunal Supremo. El pleno de la institución, reunido desde las 10 de la mañana, ha rectificado una sentencia suya y ha decidido que deben seguir siendo los clientes los que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados. 

La decisión se ha adoptado por 15 votos a favor y 13 en contra. La división ha sido máxima, después de que los magistrados de lo Contencioso-administrativo del Supremo impidieran que ayer, lunes, el pleno de esta sala pusiera fin a las dudas.

El Supremo hizo saltar la liebre a mediados de octubre, cuando dio la razón a un demandante que reclamaba la devolución del impuesto. Pero el propio tribunal dio marcha atrás y aseguró que debía estudiar la aplicación de dicha sentencia en el mercado hipotecario. Ahora, 21 días después, el Alto Tribunal zanja un debate jurídico lleno de polémica y sin precedentes.

Los bancos, tras sufrir duramente en bolsa el impacto de la sentencia, se conjuraron para evitar la retroactividad de la medida, lo que tendría un coste muy importante en sus cajas. En sus presentaciones de resultados del tercer trimestre, las grandes entidades insistieron en que no pueden cambiarse las reglas del juego a medio partido. También admitieron que un fallo negativo para ellos podía repercutir en el coste de las hipotecas.

La decisión del alto tribunal, por tanto, da oxígeno a la banca, que daba la batalla por perdida y ya pensaba en cómo hacerse cargo del impuesto de las hipotecas.

La administración, pendiente del Supremo

La decisión del Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas también ha tenido pendiente a la administración. Sin ir más lejos, este mismo martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estimado en el Foro Cinco Días que las Comunidades Autónomas podrían verse obligadas a devolver hasta 5.000 millones de euros si el alto tribunal confirmaba que era la banca la responsable de pagar este impuesto y si, además, en la resolución se fijaba retroactividad. 

Montero explicó que, en el caso mencionado, el Estado ayudaría a las comunidades autónomas a hacer frente al impacto, a la vez que pediría a Bruselas comprensión para evitar un impacto directo en el déficit.

«El impacto que las CCAA es si la retroactividad es a cuatro años serían 5.000 millones en las arcas públicas pero se reclamaría a las entidades financieras. Tenemos que compatibilizar los derechos de los ciudadanos pero no es el Estado el que tendría que aportarlo», defiende.