El SMI: qué es y cómo se fija el salario mínimo interprofesional

Dos días después de las elecciones, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cerraron un preacuerdo que sirve como hoja de ruta para configurar el próximo Gobierno. En el documento se recoge una de las promesas electorales de PSOE y Unidas Podemos, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para el próximo año. La propuesta de ambas formaciones situaría el SMI en el 60% del salario medio, esto es, entre 1.000 y 1.200 euros, de acuerdo a las directrices comunitarias recogidas en el Comité Europeo de Derechos Sociales.  

El último incremento se produjo en diciembre de 2018, cuando el Ejecutivo de Sánchez en funciones aprobó mediante un Real Decreto la subida del 22%. De esta forma, se fijó una cuantía de 900 euros mensuales o 12.600 euros anuales, divididos en 14 pagas. Sin embargo, el SMI se ha convertido en una «cuestión política» e «ideológica», según Rafael Ortiz, socio director del Área Laboral del despacho de abogados Garrigues. 

¿Qué es el SMI?

Ortiz define el SMI como un «suelo de contratación».  «Significa que ningún trabajador puede prestar sus servicios ni ninguna empresa puede contratar por debajo», apunta. El salario mínimo equivale a 40 horas a la semana. No obstante, si una empresa deseara contratar a algún trabajador por debajo de ese horario, «se le podría reducir en proporción», señala el abogado. 

¿Cómo se calcula y cuál es el salario medio?

«No se calcula, la dicta el Gobierno», indica Ortiz. El Gobierno en funciones del PSOE aprobó la última subida a golpe de decreto, pero en otras ocasiones se ha revisado «periódicamente»; ha variado conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) o incluso se ha llegado a congelar. 

En la actualidad, el salario mínimo se divide en función del tipo de contrato:

¿Afecta la subida a los convenios colectivos?

«Hay mucha gente que no está incluida en el ámbito de aplicación de ningún convenio colectivo. Si no estás en uno, y funcionas con el SMI, te subirán el sueldo en función del salario mínimo», explica Ortiz. Dependiendo de la subida que se ejecute, si algún convenio quedara por debajo del nuevo SMI, «automáticamente habría un encarecimiento de costes para la empresa», apunta el jefe del departamento laboral de Garrigues. 

¿Qué debe considerar el Gobierno?

Entre algunos de los criterios, los distintos Gobiernos han considerado parámetros como la salud de las empresas o la inflación. Sin embargo, Ortiz considera que «se está convirtiendo en una cuestión ideológica». A su juicio, debido a la «influencia que ejercen algunos partidos como el del [actual] Gobierno», se trata de una cuestión en la que «detrás hay mucha ideología». 

No obstante, el abogado señala algunos de los perjuicios que puede ocasionar incrementar el SMI. «Si las empresas te dicen que no pueden asumirlo, van a tener que cerrar o despedir gente». 

¿Es embargable?

En este punto existen varios condicionantes. Según el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), es «inembargable» cualquier salario que no exceda la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional, en este caso, todos aquellos sueldos que estén por debajo de 900 euros. No obstante, «cuando la persona no tiene ingresos», Ortiz señala que sí se puede embargar «un porcentaje». De esta forma, la LEC establece una escala en función de la cantidad:

• Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del SMI, el 30%. 
• Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer SMI, el 50%. 
• Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto SMI, el 60%.
• Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto SMI, el 75%. 
• Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90%. 

«El SMI sirve para marcar muchos indicadores, tiene un peso importante en la economía de las empresas e incluso en las prestaciones públicas. Puede subir hasta las prestaciones por desempleo o afectar a las pensiones», señala Ortiz. 

¿Se tienen en cuenta los complementos salariales?

En junio de 2018, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictaminó que los complementos salariales, así como las primas de producción, deben tenerse en cuenta a la hora de calcular el SMI. El fallo del tribunal se produjo después del caso de la empresa Incatema, que daba un salario mensual a sus empleados de 889,77 euros.

Junto al plus de productividad y la paga de beneficios, el salario anual se sitúa en 11.019 euros, por debajo de los 12.600. No obstante, la empresa defendió que para los trabajadores que percibían la prima de productividad, el salario medio resultó en 13.300 euros al año, por encima del «suelo de contratación» que supone el SMI. 

¿Existe en todos los países de Europa?

«Hay países en los que no hay un salario mínimo, manda el mercado», explica Ortiz, que precisa que el SMI «puede existir» por negociación colectiva «pero no por norma estatal, como en España». «Hay otros sitios en los que sí existe, pero en muchos sitios es el libre mercado», apunta. 

En la Unión Europea, de los 28 Estados miembros, 22 tienen un SMI, que oscila entre los 286 euros de Bulgaria a los 2.071 de Luxemburgo, según datos de la Oficina Estadística comunitaria (Eurostat). Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia, por el contrario, carecen de un salario mínimo interprofesional. 

«Hay que hacer muy bien los números para calcular lo que cuesta frente a los beneficios que pueda tener», señala Ortiz, cuestionado sobre los aspectos a considerar por los Estados. «Aumento del consumo; más dinero disponible de las familias o más igualdad entre los salarios», explica, «pero si muchas empresas no pueden sufragar los costes, tienen que cerrar», concluye.