El presidente de Andorra supo durante la campaña electoral los planes de EEUU para BPA

El Tesoro estadounidense, a través de Fincem, el organismo federal que combate el blanqueo y la financiación del terrorismo internacional, advirtió en enero a Andorra de que actuaría contra Banca Privada de Andorra (BPA) si las autoridades supervisoras del Principado no lograban esclarecer el origen de 50 millones de euros depositados en la entidad por Andrei Petrov.

Los investigadores sospechan que es un testaferro del mafioso ruso Semion Mogilevich, a quien las autoridades policiales americanas persiguen con insistencia. No en vano, es uno de los diez criminales más buscados por el FBI.

Esta comunicación se trasladó al Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) y, por tanto, al Ministerio local de Finanzas, según ha podido saber Economía Digital en fuentes diplomáticas. Se presupone que el presidente del país, Antoni Martí, conocía el requerimiento de información y los planes de EEUU para la entidad de los hermanos Cierco si no lograba los datos que precisaba. El área económica depende de Jordi Cinca, mano derecha del jefe del Ejecutivo. La interpelación se produjo el 12 de enero de este año, justo en las puertas de la campaña electoral andorrana, que concluyó con Antoni Martí reelegido en el cargo.

El Ejecutivo andorrano hace honor, de nuevo, a su tradicional opacidad y no ha respondido a los requerimientos de este diario. Como siempre, el INAF –supuestamente, un órgano independiente— «no atiende a periodistas». Al margen de las puntualizaciones que pudiera hacer Andorra, el contexto es el siguiente: EEUU y el Principado han intercambiado información con regularidad en los últimos años sobre el presunto blanqueo de 1,3 millones de dólares cometido por funcionarios venezolanos.

Dos rogatorias

Aunque resulte paradójico, dado el sesgo original de paraíso fiscal, fue la justicia andorrana quien envío dos rogatorias para esclarecer el origen de los saldos. Un primer requerimiento de ayuda se dirigió a las autoridades estadounidenses; el segundo fue hacia Venezuela. Todo partió de las denuncias a la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF) que cursó la propia BPA sobre, como mínimo dos titulares: Gabriel Ignacio Gil Yánez y Norman Puerta Varela, hombres incrustados en puestos clave del entorno de Hugo Chávez. La primera comunicación voluntaria de BPA se registró, como avanzó este diario, en 2007.

EEUU respondió a la rogatoria que no se habían detectado indicios suficientes aún sobre posibles delitos cometidos a través de BPA por ambos funcionarios venezolanos. En paralelo, la justicia estadounidense conocía los detalles de la declaración que, bajo detención, realizó Petrov a la policía española. Se activó una nueva línea de investigación que, culminaba nuevamente, en el banco de la familia Cierco. Fincen se activa y detecta «controles» simbólicos sobre la actividad bancaria del supuesto testaferro de Mogilevich. Es en este punto y con los canales de comunicación abiertos, cuando pide ayuda a Andorra.

Andorra deja a BPA al margen

Entre enero y marzo de este año la colaboración entre ambos Ejecutivos sigue abierta; pero BPA no recibe ningún requerimiento adicional de la UIF o el INAF sobre la preocupación que genera el caso Mogilevich. El 10 de marzo, Fincen dicta la advertencia internacional, que detalla todas las sospechas, con amenaza de sanción contra BPA. Sigue los procedimientos estándar de trabajo ya aplicados, incluso, en otros bancos europeos. Desde aquel momento, la historia es conocida: Martí ordena la intervención del banco y dicta un corralito a los clientes.

Cien técnicos subcontratados a PwC activan la búsqueda de los documentos que atarían a Petrov y Mogilevich, incriminarían a cuatro directivos de BPA y probarían que el banco sí blanqueó. A cinco días hábiles para que concluya el plazo, aún no se ha encontrado nada.