El PP acorrala a Sánchez en Europa por querer adueñarse del Poder Judicial

Pedro Sánchez no solo tiene un problema con los jueces, con los fiscales y con la oposición debido a la reforma que pretende llevar a cabo del Poder Judicial, la cual ha sido interpretada por la judicatura como un ataque a su independencia. Ahora también lo tiene en Europa.

Y este problema en Europa lo tiene, en buena parte, por la ofensiva llevada a cabo por el Partido Popular, que no ha dudado en definir como “un secuestro de la democracia española” la propuesta de PSOE y de Podemos de cambiar las normas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de tal manera que desaparezca la mayoría obligatoria de tres quintos en las Cortes para designar a 12 de los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces y dar por suficiente una mayoría absoluta.

La Comisión Europea expresó su preocupación por los planes del Gobierno y lanzó un severo aviso: «Las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembros deben hacerse siempre en consulta con todas las partes relevantes, incluida la Comisión de Venecia”, dijo Christian Wigand, portavoz del departamento de Justicia de la Comisión Europea.

Los populares esperan que esta presión de las autoridades comunitarias sirva para reconducir las negociaciones con el PSOE “para que Iglesias no se salga con la suya”, explican a Economía Digital.

Populares y socialistas trasladaron este jueves su particular patio de reproches al Parlamento Europeo. El PP, con ayuda de Ciudadanos, se encargó de difundir entre eurodiputados, comisarios y altos dirigentes europeos las intenciones de Sánchez para facilitar la designación, junto a sus socios, de los vocales del Poder Judicial en España.

Los socialistas, en apuros, se encargaron de hacer llamadas a los mismos con los que, horas antes, habían hablado los de Casado para anular y contraatacar los mensajes que vertían. “Se están contando muchas mentiras”, replicaron fuentes del PSOE en Bruselas.

“No vamos a cambiar la Constitución y fue la Comisión Europa quien alertó en un informe de que los mecanismos que tenemos son obsoletos y de que urge la renovación de los principales órganos judiciales ”, dijeron con nerviosismo. “Si no fuera porque están en juego la credibilidad y la imagen de España, sería hasta divertido”, añaden fuentes diplomáticas a Economía Digital.

Horas más tarde, los portavoces de la Comisión, que estaban al tanto de lo que se hablaba, insistieron en que los Estados miembros de la UE deben seguir los estándares europeos para asegurar que no se comprometa la independencia judicial.

Las reuniones de Casado sorprenden al PSOE

Todo ello ocurrió el mismo día en que el líder del PP, Pablo Casado, se desplazó al Parlamento Europeo para hablar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, sobre el Plan de Recuperación Europeo y también sobre “la defensa de los principios y valores de los Tratados Europeos”. 

El líder del PP trajo a colación en esta conversación la “gran irreponsabilidad” la reforma del CGPJ planteada por PSOE y Podemos y ofreció detalles a Von der Leyen, antes de que esta abandonara la cumbre europea tras dar positivo por Covid-19 un miembro de su equipo.

Casado también se reunió con el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, para reafirmar su compromiso «con el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial que están obligados a cumplir todos los países de la Unión Europea», apuntalaron los populares en redes sociales. 

Tras la conversación, Casado remitió a Reynders una carta, firmada también por la portavoz popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en la que solicita que la Comisión Europea evalúe este proyecto de reforma y asegura que el PP tomará las medidas oportunas en el ámbito europeo para evitar que esta reforma prospere.

Las reuniones de Casado con la presidenta alemana y el comisario europeo de Justicia pillaron por sorpresa a los socialistas, que desconocían la agenda del líder del PP y su posterior asistencia a la cumbre del PPE.

La portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, excusó la ausencia de Sánchez en el pleno del Congreso y preguntó dónde estaba Casado dando a entender que tenía pocas cosas que hacer. Los populares contestaron horas después a través de las redes sociales con una foto de ambos mandatarios reunidos horas antes de que comenzase el Consejo Europeo.

El órdago del PP para negociar

Fuentes populares insistieron en privado que la norma planteada por Sánchez e Iglesias se ve con preocupación en los círculos europeos.

“Queremos dejar muy claro que iremos hasta las últimas consecuencias si el Gobierno no retira la reforma del CGPJ. Iremos hasta las instituciones europeas, tribunales europeos, Consejo de Europa y, por supuesto, la Justicia española. No se puede debilitar una gran nación como España y sus instituciones”, advirtió Casado en un discurso ante la prensa.

El grupo del Partido Popular Europeo solicitará ahora que todo este asunto sea estudiado por el Grupo de seguimiento sobre Estado de Derecho y Derechos fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia del Parlamento Europeo. 

Fuentes del PP confían en que este órdago lanzado por su formación sirva para que los socialistas se avengan a negociar y dejen atrás la propuesta “ideada por Iglesias para salvarse” de las causas judiciales abiertas contra él y su partido, aseguran.

Según las mismas fuentes, los populares se han reunido en dos ocasiones con los socialistas para negociar la reforma del CGPJ y del resto de órganos judiciales. Tal y como desveló Economía Digital, los de Casado estuvieron conformes con una reforma de la norma “pero no a la carta como querían imponernos”, esgrimen fuentes del PP.

No afectará a los fondos europeos

Fuentes diplomáticas explican que la norma, presentada en el Congreso pero todavía ni debatida ni aprobada, no afectará al reparto de los fondos europeos, tal y como han llegado a sugerir los populares, pero sí que podría dejar tocada la imagen de España. «La imagen de España está en juego en Europa», advierten. 

La propuesta alemana es un mecanismo para sancionar a los Estados miembros que violen el Estado de Derecho, pero no de manera generalizada y solo cuando afecte al presupuesto europeo.

El debate todavía está abierto y encima de la mesa del Consejo, la Comisión y el Parlamento porque algunos Estados miembros como Países Bajos o Finlandia buscan que la herramienta sea más efectiva y sancione cualquier violación del Estado de Derecho.

“Si estos países consiguen una inesperada victoria, sí que podría afectar a España en el sentido de que los fondos europeos tarden más en llegar”, señalan fuentes diplomáticas. “Con la reforma del CGPJ, España se juega su credibilidad en las instituciones. Con las previsiones económicas a la baja, ya hemos dejado de ser vistos como una de las cuatro principales potencias europeas”, insisten.

Los diplomáticos aconsejan al Gobierno replantearse la norma con el resto de partidos y los jueces. “Exportar nuestros conflictos internos nos hace más débiles y perdemos en imagen. ¡Con lo que nos estaba costando repararla tras el show de Puigdemont…! “, lamentan.