El Parlament despacha el pleno en menos de tres horas
El Parlament dilata la devolución de la paga de 2012 a los funcionarios y aprueba una comisión de investigación sobre el 17-A en un pleno sin sustancia
Tras la sucesión de misivas diseñada por Junts per Catalunya (JpC) para volver a situar a Jordi Sànchez como presidenciable, el pleno casi vacío de este jueves no podía ser otra cosa que un anticlímax que vuelve a reafirmar el bloqueo institucional de la política catalana. Menos de tres horas han bastado para despachar una sesión plenaria sin apenas contenido, pero con un importante detalle: el primer paso del presidente del Parlament, Roger Torrent, sin el aval de los letrados.
El pleno apenas ha servido para aprobar –sin oposición pero con recelos respecto tanto de su eficacia como de sus intenciones– una comisión de investigación sobre los atentados de agosto en Barcelona y Cambrils propuesta por la mayoría independentista integrada por JpC, ERC y la CUP. Para eso y para que Carles Puigdemont estrenara voto delegado.
El voto prescindible de Puigdemont
El voto del expresidente de la Generalitat, ahora preso en Alemania, se usó a la hora de aprobar la comisión sobre los atentados y también para tumbar una propuesta de Ciudadanos que reclamaba la comparecencia del presidente del Parlament, Roger Torrent, y le instaba a desbloquear la investidura proponiendo “un candidato viable”. Propuesta que propició un debate con intenso sabor de dejà vu en torno a Torrent, cuya dimisión Cs había pedido sin éxito la semana pasada.
En todo caso, el estreno del voto delegado por Puigdemont ha sido, como todo últimamente, más estético que otra cosa. En ninguno de los dos casos, el resultado de las votaciones dependía de él: la comisión de investigación se aprobó con los votos de JpC, ERC, PSC, En Comú Podem y la CUP, la abstención de Cs y PP y nadie en contra. Y la fallida propuesta de comparecencia de Torrent solo contó con los votos de Cs y PP.
La paga de 2012 tendrá que esperar
Por lo demás, de los seis puntos previstos en el orden del día, dos eran meros trámites y los otros dos, sendos decretos ley que tocaba ratificar, fueron retirados a última hora porque así lo quiso la mayoría independentista en la junta de portavoces. Uno era para hacer frente a necesidades financieras durante la prorroga presupuestaria y el otro, el de la recuperación de la paga extra de los funcionarios de 2012.
El argumento esgrimido para la retirada ha sido la aplicación del artículo 155, en virtud del cual, correspondería al gobierno central defender las iniciativas en el debate parlamentario. PP y Cs recordaron que en noviembre, ya con el 155 en vigor, hubo un decreto ley que entonces sí fue ratificado por la diputación permanente del Parlament, y tanto ellos como PSC y los comunes reprocharon al bloque independentista la nueva dilación a la hora de devolver la paga de 2012.
JpC y ERC reordaron que hay tiempo para ratificar el decreto hasta el 26 de abril, y que la previsión sigue siendo abonar la paga a finales de ese mismo mes, pero la líder de Cs, Inñes Arrimadas, les afeó que Cataluña sea la única comunidad que aún no ha devuelto la totalidad de la paga.
