El nuevo día D del soberanismo catalán: el 4 de julio

La política catalana lleva años jugando con imágenes, con símbolos, con ilusiones. Y ahora el nuevo reto es tener lista la Ley de Consultas en el Parlament el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. Todas las formaciones que integran la ponencia, menos Ciutadans, han acordado esa fecha, con el objetivo de que la ley se pueda aprobar en el pleno del Parlament en el mes de septiembre, después de la Diada del 11 de septiembre.

El calendario tiene su explicación. La ley de consultas se basa en el Estatut, en el artículo 122, que no fue cuestionado en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Aparentemente, el Gobierno central no podría recurrirlo. Y, de hecho, los partidos que integran la ponencia quieren que la ley la revise, previamente, el Consell de Garanties Estatutàries, para afinarla lo máximo posible. Pero, aunque ya está prácticamente elaborada, no se quiere aprobar hasta justo después de la Diada.

El hecho es que se podría aprobar en ponencia el 4 de julio, para poder aprobarla en septiembre, y convocar la consulta el 9 de noviembre, el día de la caída del muro de Berlín.

Calendario antes del verano

El proceso de trabajo ya está decidido. Después de las elecciones europeas del 25 de mayo, se procederá al redactado final de la Ley de Consultas, que deberá estar listo el 30 de mayo. Ese día, junto al 6 de junio, se describirá los distintos procesos de participación ciudadana.

El 13 de junio se regularán las consultas populares que se celebran con una vía diferente a la de un referéndum, y quienes podrán participar –los mayores de 16 años e inmigrantes. El 20 y el 27 de junio se establecerán las materias que pueden ser objeto de consulta, la celebración de la consulta, el recuento de votos o el procedimiento para convocarla. Y el 4 de julio, la ponencia debería dar la aprobación final a todo el texto.

Posteriormente, la ley se votaría en la comisión del Parlament de Asuntos Institucionales, a mediados de julio. Y, luego, sería el Consell de Garanties quien debería dar luz verde, aunque tiene 30 días para ello.

Mas se limpiará las manos si se recurre

¿Conclusión? El President Mas podría tener aprobada la Ley de Consultas en septiembre. Y, una vez aprobada por el Parlament, a las pocas horas, o al día siguiente, firmaría el decreto de convocatoria de la consulta, fijada para el 9 de noviembre, justo antes de que el Gobierno central la pueda recurrir.

Con ello, Mas sería coherente con sus palabras. Él llegó a convocar la consulta, aunque el Gobierno se lo impidió. Pero la convocó bajo un amparo legal.

Lo que pase después, por ahora a Mas no le preocupa.