El hotel que albergó el mayor burdel español tiene nuevo dueño

El Hotel Riviera de Castelldefels (Barcelona) albergó el mayor prostíbulo de España hasta que en 2009 fue clausurado por orden judicial. La empresa explotadora, Restaurante Hotel Riviera SL, se declaró en concurso de acreedores y, en el proceso de liquidación, sus inmuebles han sido adquiridos por TQ-MR Family SL, empresa patrimonial de Antoni Quintana, un conocido asesor financiero de Girona.  

La compraventa se escrituró el 9 de junio pasado aunque no se pudo inscribir en el Registro de la Propiedad porque la Audiencia Nacional bloqueó la operación. El juez Fernando Andreu vetó unos días después la enajenación de centenares de propiedades de empresarios de la prostitución, entre las que se encuentran los dos inmuebles adosados de la autovía de Castelldefels que acogieron el mítico Riviera.  

El Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona ha completado la liquidación de Restaurante Hotel Riviera SL: se han subastado todos sus activos, se ha comunicado el cese del administrador concursal y, en los próximos días, se cerrará su hoja registral. La empresa ha desaparecido, según confirma el ex administrador nombrado por el juez.  

Desde el despacho de Antoni Quintana se indica que no se informará de sus planes respecto el viejo Riviera hasta que finalicen los trámites de inscripción en el Registro de la Propiedad. Tampoco se precisa el monto económico de la operación. El nuevo propietario está al frente de Quintana & Asociados, un gabinete de asesoría financiera de Girona.  

El hotel cambió dos veces de manos en un mismo día

La compra de los dos edificios del Riviera ha sufrido múltiples percances. Un juez de lo mercantil de Barcelona autorizó la venta, aunque no se pudo inscribir porque, unos días después, otro juez de la Audiencia Nacional bloqueó los bienes de empresarios de la prostitución en el marco de la Operación Pompeya. En un día, el 9 de junio pasado, esta finca cambió dos veces de manos: la compró el intermediario Martín Amat Solé y, en la misma notaría, la vendió a TQ-MR Family.  

Fuentes del Ayuntamiento de Castelldefels apuntan que, en la actualidad, el edificio del Riviera no cuenta con ninguna licencia de actividad. Funcionó como hotel hasta mediados de la década de los noventa, cuando fue adquirido por Restaurante Hotel Riviera SL para convertirlo en el mayor burdel de España. Entonces obtuvieron una licencia municipal de «club con habitaciones» y más adelante, en 2004, otra de «local de pública concurrencia para el ejercicio de la prostitución» para adaptarse a la normativa de la Generalitat.

El TSJC desestimó el último recurso  

Después de que el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ordenase en 2009 la clausura de dos prostíbulos de Castelldefels –el Riviera y el Saratoga- por un caso de corrupción policial, el Ayuntamiento les suspendió las licencias de actividad. Los administradores del Riviera abrieron entonces una batalla judicial, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestimó en marzo pasado su último recurso.  

Fuentes municipales indican que esta sentencia del TSJC impide que el Riviera vuelva a ser un prostíbulo. Además, las nuevas ordenanzas de civismo y de uso del espacio público impiden que se puedan abrir nuevos establecimientos de prostitución en esta zona por su proximidad a centros escolares.  

El hotel fue incendiado y saqueado

Las fuentes consultadas aseguran que Antoni Quintana no tiene ninguna relación con los antiguos propietarios del Riviera. Apuntan que el destino más probable es el de hotel turístico, precisamente por el lugar donde está enclavado, aunque para ello sería necesario reformar completamente las instalaciones. Después de la clausura judicial, fue saqueado, durante un tiempo vivieron indigentes en su interior e, incluso, una parte del edificio sufrió un incendio.  

La empresa Restaurante Hotel Riviera SL estaba encabezada por Antonio Herrero Lázaro y José Vera Ruiz, dos destacados empresarios de la prostitución que regentaban otros burdeles en la Comunidad Valenciana y en Madrid. La Audiencia de Barcelona les condenó a cerca de 8 años de cárcel por el llamado caso Riviera, sobre los regalos que efectuaron a mandos policiales encargados de la inspección de sus locales, pero el Tribunal Supremo les retiró las penas.