El Govern ‘pasa’ de la inhabilitación de Acciona en ATLL y acaba de nuevo ante el TSJC
Agbar lleva a los juzgados una carta remitida por el Ejecutivo catalán a los ayuntamientos en la que mantiene que la concesión aún está en vigor
La Generalitat deberá acudir por enésima vez ante el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) por su resistencia a acatar la decisión del Supremo de que Acciona está inhabilitada para gestionar las aguas catalanas.
En esta ocasión, el Gobierno de Artur Mas deberá responder por una carta remitida desde la consejería de Territori, liderada por Santi Vila, a los ayuntamientos a que da servicio Aigües Ter Llobregat (ATLL) en la que afirma que la concesión actual está vigente y que nadie debe dudar de su legalidad.
Medidas cautelares denegadas
El problema es que los tribunales no se han pronunciado sobre esta cuestión, tal y como recuerda el letrado Santiago Muñoz Machado en el escrito remitido al TSJC en nombre de Agbar, el otro gran actor de la guerra del agua. La justicia española por el momento sólo ha denegado las medidas cautelares que solicitaron Acciona y el Ejecutivo catalán para mantener vigente la adjudicación mientras culminaba el litigio.
Al no reconocer las cautelares, la compañía está inhabilitada y el contrato técnicamente vencido, tal y como ha recordado recientemente el Tribunal Supremo. Pero el Gobierno de Artur Mas ha pasado incluso de revisarlo.
Pau Villòria, el funcionario que firmó la concesión
La nueva denuncia de Agbar recuerda que quien firma la carta que se ha mandado a las corporaciones locales es el secretario general del departamento de Territori, Pau Villòria; el mismo alto funcionario que rubricó el contrato de ATLL con Acciona en las Navidades de 2012 y que encabeza la mesa de contratación que supuestamente estudia desde hace dos meses cómo echar a la compañía de los Entrecanales de las aguas catalanas.
Según Muñoz Machado, la misiva que tienen en sus manos los ayuntamientos demuestra que la verdadera intención de la Generalitat es hacer oídos sordos al Supremo. «No viene a ratificar, de modo ya indiscutible, que la Administración no tiene la menor intención de cesar en su inactividad y que, bien al contrario, mantiene a plena consciencia a la actual adjudicataria como titular del servicio pese a carecer de título legítimo para ello».
Más presión de Agbar
La presión de Agbar para que el Gobierno de Artur Mas cumpla con las sentencias judiciales en su contra en la guerra del agua ha ido in crescendo en las últimas semanas.
El caso ATLL se estudia en Bruselas, con la consiguiente sanción que puede acarrear el desacato para España; y tiene varios frentes abiertos en los tribunales.
