El Gobierno mantiene bajo presión al mercado laboral

El Gobierno ha avanzado planes para reformar la subcontratación y luchar contra los falsos autónomos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que su departamento trabaja en medidas legislativas para proteger los derechos de las personas «que siendo en realidad trabajadoras por cuenta ajena se ven abocadas a operar como autónomas frente a su voluntad», señalando que «un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo», una crítica a plataformas de riders como Glovo y Deliveroo.

«Debemos impedir que nuevas fórmulas de negocio de la economía de plataformas se conviertan en nuevas formas de explotación, simples pantallas para eludir la relación laboral y el derecho al trabajo», ha añadido la ministra de Podemos, durante su primera comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Seguridad Social e Inclusión del Congreso, este viernes. Díaz ha afirmado que se utilizarán mecanismos de big data para reforzar el sistema de control sancionador como parte de un ‘Plan Director por un Trabajo Digno’.

La temporalidad fraudulenta, el contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas o los falsos autónomos son algunos de los problemas que la titular de Trabajo pretende atajar con este plan director. El primer paso será un plan específico contra los falsos autónomos, que «están encubriendo verdaderas personas trabajadoras asalariadas». «Debemos actuar de forma específica en los colectivos críticos para el trabajo autónomo, que son los mayores de 52 años, los jóvenes menores de 30 años, las mujeres y las personas con capacidades diversas», ha añadido.

Díaz no ha precisado mayores detalles de esta futura regulación. Sí advirtió que el Gobierno elevará las multas a las empresas por infracciones cometidas en el ámbito laboral, actualizándolas con el IPC acumulado desde 2006, último año en que se actualizó.

Guerra contra las subcontratas

Por otro lado, Trabajo está negociando actualmente con la patronal y los sindicatos una reforma de la subcontratación que podría incrementar exponencialmente los costes laborales, según fuentes empresariales en declaraciones recogidas por Expansión. El modelo de subcontratación está regulado en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, al que el Gobierno quiere realizar al menos tres ajustes. Uno de ellos, y el que más preocupa, es la posibilidad de que la empresa principal se vea obligada a integrar en la plantilla y en la nómina a los autónomos con los que colabora a través del sistema de subcontratación.

Otro asunto en el que trabaja el Gobierno y que da pánico a los empresarios, según el periódico económico, es que la reforma de subcontratación obligaría a que los trabajadores de una subcontrata tengan las mismas condiciones laborales que los empleados de la empresa principal a la que brindan servicios; es decir, el mismo salario y los mismos derechos.