El Gobierno quiere acabar con la jubilación anticipada de funcionarios

La negociación de los presupuestos generales del estado apenas ha comenzado, pero las maniobras para que los números cuadren y para que la UE no ponga problemas a las cuentas españolas, sí que lo ha hecho. El Gobierno, pese a las millonarias ayudas europeas, no lo tiene sencillo para equilibrar las cuentas y ya ha colocado en su punto de mira las jubilaciones anticipadas de funcionarios con el propósito de impedirlas.

Así al menos lo sospechan las organizaciones de trabajadores públicos, en alerta porque el Gobierno ha aprobado un real decreto que traspasa la gestión de un grupo de futuras pensiones al Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuyas condiciones son diferentes a las que corren a cargo de los presupuestos generales. Este traspaso afecta a los trabajadores públicos de las llamadas «clases pasivas«, que incluyen a unos 900.000 empleados de los ámbitos de la educación, la justicia, las prisiones, la administración general y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Todos estos colectivos mencionados pueden acceder por ley a la jubilación anticipada a los 60 años de edad con 35 años cotizados y su paga depende de los presupuestos generales. No así la del resto de trabajadores públicos, sujetos al régimen general y cuya paga de jubilación depende de las cotizaciones de la población activa, al igual que la de un pintor, la de una ingeniera o la de un abogado.

Reforma «de tapadillo»

El sindicato Csif, mayoritario entre los trabajadores públicos, fue el primero en advertir que el real decreto del Gobierno 497/2020, no solo daba desarrollo, tal y como enunciaba, a una nueva estructura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a partir del 6 de octubre, sino que también preveía asumir las competencias de las «clases pasivas». ¿A qué se debe el cambio?

Francisco Lama, de Csif, teme que la intención del Gobierno sea, en efecto, cambiar al régimen general a todos los colectivos de las clases pasivas y, con ello, a poner fin a las condiciones que hasta ahora se han respetado. Sospecha de un recorte de los derechos adquiridos, particularmente por haber introducido los cambios estructurales «de tapadillo en un real decreto» y así lo ha trasladado al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. 

Su respuesta no ha resultado precisamente tranquilizadora porque Escrivá se limitó a contestar que este asunto «será abordado más adelante, una vez tengan asumidas las competencias los distintos departamentos ministeriales”.  

Recuerda este representante de Csif que Escrivá ya planteó este asunto de cambiar al régimen general a las clases pasivas en su anterior etapa como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), lo que le ha dado pie a atar cabos sobre la intención del Gobierno respecto al fin de las jubilaciones anticipadas. «Parece blanco y en botella», dice Francisco Lama.

El precedente de Zapatero

El último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sumido en una grave recesión económica, ya puso fin a partir del año 2011 al régimen de clases pasivas para los nuevos funcionarios. Pero todavía quedan decenas de miles de futuros beneficiarios y el gobierno de Pedro Sánchez, sumido en otra grave crisis, quiere aligerar la carga.

Durante el año 2019, el Estado destinó una cantidad récord para afrontar las pensiones de las clases pasivas (creadas hace más de 50 años): 15.711 millones de euros. Es decir, casi 16.000 millones de euros de dinero público a cargo de los presupuestos generales del estado (y no de la Seguridad Social, cuyo gasto en pensiones supera los 120.000 millones de euros anuales).

Este gasto va en aumento cada año. Por ejemplo, el año anterior, en 2018 la cantidad total se situó en 14.590 millones, lo que supuso un desembolso mensual superior a 1.100 millones de euros, excepto en los meses de junio y diciembre (cuando la paga es doble).

El Estado destinó casi 16.000M al pago de las pensiones de las llamadas «clases pasivas»

El Gobierno, sin embargo, va a tener que superar algunos obstáculos para consumar sus planes. Entre ellos un recurso de inconstitucionalidad del PP y una batería de preguntas en el Congreso. Difícil, por tanto, que pase inadvertida la maniobra para poner fin a las jubilaciones anticipadas de funcionarios y para cambiar el organismo pagador de las pensiones de estos trabajadores públicos.

Sin pacto del PSOE con Podemos y Bildu

«¿No considera el Gobierno de España, por respeto al principio de jerarquía normativa, que debería suspenderse el traspaso previsto del 6 de octubre por un real decreto, norma de rango reglamentario, hasta que concluya el debate parlamentario en curso y se apruebe la correspondiente Ley», plantea el PP a través de la diputada Llanos de Luna.

«¿No considera el Gobierno de España, por prudencia y por respeto al Tribunal Constitucional, que debería suspenderse la transferencia del régimen de clases pasivas prevista para el 6 de octubre hasta que el Alto Tribunal resuelva el recurso interpuesto?», sigue la misma diputada.

Y una tercera cuestión: «¿No considera el Gobierno de España, por prudencia y respeto al Congreso de los Diputados, que debería suspender la citada transferencia hasta que finalice el trámite legislativo del Proyecto de Ley?»

Pero el Gobierno se niega a dar pistas, aunque es fácil ver algunas: este miércoles, el Congreso tumbó el paquete de medidas sociales surgido de la comisión de la reconstrucción. Un detalle que merece la pena observar: Unidas Podemos acordó con EH Bildu una enmienda para que las pensiones quedaran blindadas, pero el PSOE evitó sumarse al pacto.

Sánchez afila las tijeras.