El Gobierno no sabe todavía cómo impugnar la pseudoconsulta de Mas

El President Artur Mas no firmará ningún decreto para convocar la pseudoconsulta que este martes ha ofrecido como altenativa al referéndum del 9 de noviembre. “Esta vez no le daremos facilidades al Gobierno español”, ha asegurado. No habrá, por tanto, un asidero legal al cual pudiera recurrir el Ejecutivo de Mariano Rajoy para impugnarlo. Se trata de una convocatoria que Mas realizó este martes a través de una conferencia de prensa desde el Palau de la Generalitat.

Fuentes jurídicas aseguran que el Gobierno deberá estar muy pendiente del Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), porque hasta que no haya “negro sobre blanco”, no lo podrá impugnar. Tiene razones para ello, porque la pregunta no cambiará, y afecta a la soberanía del pueblo español. Pero debe encontrar las grietas legales.

¿Qué puede hacer el Ejecutivo si está persuadido de que no puede permitir esa consulta a medias en la que se ha convertido el 9N? Podría impugnar las órdenes administrativas que se den, como la apertura de establecimientos, el traslado de las urnas, o la creación de los órganos que regulen el recuento de los votos. ¿Pero, y si se produce todo eso el día anterior?

Con el DNI en la mano

Mas ha asegurado que, para no incurrir en ilegalidades, o para no vulnerar la ley de protección de datos, publicando un censo de los potenciales votantes, quien quiera votar lo podrá hacer el mismo día, con su DNI en la mano, yendo a los emplazamientos de la Generalitat que se habiliten para ello. En ese caso, quedarán registrados los que quieran que sea así.

El ministro de Justicia, Rafael Català, ha asegurado que se impugnará el mecanismo que incorpore la doble pregunta ya acordada sobre la independencia de Cataluña. Pero si todo ello se hace el día anterior, en la víspera del 9N, no habrá tiempo para recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, con el objeto de que suspendiera la consulta.

Si se llega a ese extremo, sólo quedaría la posibilidad de entrar en los edificios y retirar físicamente las urnas. Y el movimiento independentista lo podría vender como un ataque a la democracia.

¿Astucia?

Esa pudiera ser la astucia de la que hablaba Mas. Porque preguntado sobre la legislación en la que basaría ahora esa pseudoconsulta, el President se limitó a asegurar que se haría sobre la “normativa preexistente”, sobre la competencia general de la Generalitat respecto al “fomento de la participación ciudadana”.

No lo haría sobre la ley de consultas del tripartito, en vigor y no anulada por el Constitucional, porque aquella exigía el permiso del Gobierno para convocar un referéndum, y eso está claro que no será posible. Esa ambigüedad deja al Gobierno, por ahora, perplejo a la espera de concreciones.

Los juristas, indignados

Mas se ha basado en la ley de consultas, aprobada en septiembre en el Parlament. Se basa en los artículos que no impugnó el Gobierno central. En concreto, el artículo 40 y los que le siguen en el capítulo tercero. En ellos se regula “otras formas de participación ciudadana”. El Gobierno entendió que Mas podría basarse, en última instancia, en ellos, pero no podía impugnarlos, porque, de forma literal, no daba pie a indicios de inconstitucionalidad.

En cualquier caso, los juristas consultados consideran que “no es de recibo” que Mas no ofrezca a la ciudadanía la base legal de esa alternativa al 9N, y ve posible que el Gobierno español la acabe impugnando.