El Gobierno insta al Constitucional a perseguir a Forcadell

El Gobierno insta al Constitucional a perseguir a Carme Forcadell, presidenta del parlamento catalán. El consejo de ministros ha abordado la votación de la cámara catalana, que da pie a iniciar un proceso constituyente hacia la independencia. El Ejecutivo del PP lo que pide al alto tribunal es que valore la responsabilidad penal de Forcadell.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha dado cuenta del incidente de ejecución de sentencia que el Ejecutivo presentará ante el Tribunal Constitucional, que se podría reunir este mismo lunes.

La intención del Gobierno, que se encuentra en funciones, pero que desea ofrecer una imagen de firmeza, es que se anule y se suspenda la resolución aprobada en el parlamento catalán, y que se trata de las conclusiones de la comisión sobre el proceso constituyente que elaboraron los diputados soberanistas en los últimos meses.

Decisión antidemocrático

Pero, además, el objetivo es que se presente un requerimiento personal a Carme Forcadell y al resto de miembros de la Mesa de la cámara catalana, para que no realicen iniciativas relacionadas por la resolución. También se pretende que el Constitucional deduzca testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal en la que pudiera incurrir Forcadell por incumplir ese mandato.

La propia afectada considera que sería «profundamente antidemocrático», porque se coarta las ideas de los diputados. Pero Forcadell, al margen de esa cuestión sobre el fondo, entiende que ella no fue responsable. La Mesa de la cámara catalana no había permitido que ese punto se pudiera incluir en el orden del día del pleno del parlamento.

Turull y Gabriel

Fueron los portavoces de Junts pel Sí, y la CUP, Jordi Turull, y Anna Gabriel, respectivamente, los que forzaron ese cambio en el orden del día. Según el reglamento de la cámara, como explicó Forcadell, es el pleno quien tiene la plena soberanía, y quien está por encima de la propia Mesa de la cámara.

Las sanciones, por tanto, si se producen, deberían recaer en Turull y Gabriel, según interpretan algunos expertos, como el catedrático de derecho constitucional, Xavier Arbós.