El Gobierno inicia los planes para intervenir Cataluña
El ejecutivo de Mariano Rajoy entiende ahora que no le quedará más remedio que frenar el 'golpe de estado' con medidas judiciales y policiales
El Gobierno de Mariano Rajoy inicia todos los planes para intervenir Cataluña, lo que en la práctica supone asumir competencias, si es necesario, en función de las actuaciones que lleve a cabo el gobierno catalán. El ejecutivo ha encendido las luces rojas y esperará todos los movimientos de la Generalitat, consciente de que, por ahora, no hay nada tangible. “Existe una amenaza en toda regla contra el Estado, y éste tiene todos los medios para defenderse y se defenderá”, aseguró la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, tras calificar de “golpe de estado” la posible aplicación de la ley de desconexión que tiene ultimada el gobierno catalán.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que estuvo en Barcelona este martes, no dudó en fijar su posición: “La democracia tiene el poder de evitar el referéndum”, tras añadir que el presidente Carles Puigdemont no entiende que “la ley es democracia”.
El ejecutivo que preside Rajoy quiere actuar “con proporcionalidad”, y espera que el Gobierno catalán sepa rectificar. Pero el presidente Carles Puigdemont, como aseguró en su conferencia en Madrid, quiere aplicar el derecho de autodeterminación, en el caso de que se le impida celebrar el referéndum. No está dispuesto a ceder, y su gobierno no teme –formalmente– las posibles consecuencias jurídicas, como las inhabilitaciones, como afirmó sin tapujos el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.
Sáenz de Santamaría sentencia que la democracia tiene «el poder» de evitar el referéndum
Lo explicitó el mismo Rajoy este martes en el Senado, al analizar la ley de transitoriedad jurídica que prepara el Govern: “Es una de las cacicadas más grandes que he visto en mi vida. Sin debate, sin que la oposición pueda decir nada, quieren liquidar siglos de historia, y eso sólo pasa en las peores dictaduras y no lo permitiremos”.
No se trata, por tanto, de un choque de trenes, si no de la aplicación de la ley. Y, al margen de buscar una salida política al problema catalán, el Gobierno del PP, que está preocupado también por la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE y las consecuencias en el tablero político español con una posible colaboración con Podemos, no está dispuesto a que el soberanismo impulse el referéndum.
¿Con qué medidas y cuándo actuará el Gobierno? Fuentes del PP indican que se descarta la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supondría la anulación de la autonomía catalana. Se asegura que Rajoy se limitará a recurrir ante el Tribunal Constitucional todas las actuaciones del gobierno catalán, empezando por la ley de transitoriedad jurídica, que supone, de hecho, una declaración de independencia.
La ANC defiende que se ocupen plazas y calles y se hagan acampadas para pedir el referéndum
Todo eso no pasará antes de la Diada del 11 de septiembre. Pero entre esa fecha y el 1 de octubre, el día que maneja Puigdemont para celebrar el referéndum, los recursos caerán uno detrás de otro. Y, para impedir el referéndum, si el gobierno catalán mantiene su actitud, el Gobierno no dudará en utilizar a los Mossos d’Esquadra, que se deben a las órdenes judiciales. Será una especie de intervención del Gobierno. Y nadie descarta, según las fuentes consultadas, que ese momento surjan “imponderables”, que puedan complicar más las cosas. Es en ese momento cuando se puede entrar en una situación insostenible y compleja, con mensajes, que se difunden desde la ANC, para ocupar plazas y calles, e, incluso, con acampadas frente a las instituciones.
El Gobierno ha reaccionado a partir de la publicación, en El País, del contenido de la ley de transitoriedad jurídica. A pesar de que miembros del gobierno catalán, y del grupo parlamentario de Junts pel Sí y de la CUP no se hacen suyo ese documento, al interpretar que es un documento de trabajo inicial de hace un año, se trata una ley que precisa las principales actuaciones de la Generalitat, como la declaración de independencia, verbalizadas por Puigdemont y Junqueras.
El Gobierno tiene claro que deberá utilizar a los Mossos si es necesario para impedir el referéndum
Esa ley, que se quiere aprobar sin el concurso de la oposición, y para ello se aprobó la reforma del reglamento del Parlament, daría cobertura a la convocatoria del referéndum. El deseo es aprobar la ley, y firmar la convocatoria en un espacio de tiempo muy corto, apenas unas horas, para que, sin tiempo para el Gobierno para recurrirla, el gobierno catalán pueda decir que ha convocado el referéndum bajo la cobertura legal de una ley catalana.
Eso lo sabe el ejecutivo de Mariano Rajoy, por lo que todo se ha dispuesto para reaccionar con la máxima agilidad, con la Fiscalía preparada a la menor oportunidad que se presente.
Una máxima de los miembros del ejecutivo catalán es que “ya no se puede dar marcha atrás”. Es decir, Puigdemont y Junqueras han interiorizado tanto su proyecto soberanista que son incapaces de rectificar, con la idea de que traicionarían al núcleo independentista. Lo aseguró Puigdemont en Madrid: “no renunciaremos al mandato ‘democrático’, que es inviolable”, en alusión a las promesas de Junts pel Sí para llevar a cabo un referéndum, lo permita o no la ley.
