10-N: Sánchez exhumará a Franco en menos de dos semanas

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aceptado la solicitud para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos antes del próximo 25 de octubre. Calvo ha explicado que la fecha exacta se comunicará a la familia 48 horas antes y contará con la presencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como notaria.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará a cabo de esta forma la exhumación acordada el pasado marzo pese a encontrar la resistencia en las últimas fechas del prior de la basílica y de la existencia del proceso que tramita el juez José Yusty, del que recientemente trascendieron unas conversaciones en las que el magistrado aseguraba «no tener prisa» en sacar los restos del dictador. 

Calvo ha explicado que, una vez que el Gobierno cuenta con el aval del Tribunal Supremo (TS), no existen obstáculos que impidan la exhumación. Los restos se trasladarán y se inhumarán en la cripta del cementerio de El Pardo-Mingorrubio, en Madrid,  una de las propiedades privadas en poder de la familia Franco. 

El tribunal que preside Manuel Marchena enfatizó ayer que la Constitución «obliga» a todos a cumplir las sentencias en firme. El fallo, emitido el 30 de septiembre, explica que la resolución del Constitucional es, «por sí misma», suficiente para acceder a la basílica del Valle de los Caídos y llevar a cabo la exhumación. La vicepresidenta ya aseguró en la jornada de ayer que el Gobierno «no tiene que pedir permiso a nadie» y que el prior «no puede ser un obstáculo» ya que España es un «estado de derecho» en clara referencia al prior.

La exhumación se hará sin medios de comunicación

En cuanto al procedimiento, la vicepresidenta en funciones ha indicado que la exhumación contará con la presencia de Dolores Delgado como notaria mayor del reino para levantar acta, y ha confirmado que los medios de comunicación no tendrán acceso a la misma. También habrá un forense en el operativo para supervisar el operativo en caso de que el féretro del dictador, enterrado hace 44 años, se encuentre en mal estado. 

Precisamente, es en este punto donde, además de las trabas legales interpuestas por la familia Franco, residía la oposición del juez Yusty. El magistrado admitió a trámite el pasado febrero una medida cautelarísima a petición de un particular en una demanda presentada contra el informe municipal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid, al considerar Yusty que la losa de la lápida, de 2.000 kilos de peso, puede poner en peligro a los trabajadores que participen en el proceso. 

Trabas legales hasta el último momento

La familia del dictador, no obstante, no ha cesado en su intento de paralizar la exhumación. En la jornada de ayer, los Franco presentaron ante el Constitucional un recurso que pedía la suspensión cautelarísima de la exhumación, pero el Alto Tribunal desestimó, por unanimidad, la suspensión a petición del Ejecutivo. El documento presentado, que supera una extensión de 100 páginas, consideraba que el Supremo había vulnerado varios derechos fundamentales recogidos en la Constitución, entre ellos, el artículo 14, que dice que los españoles son iguales ante la ley.

Sin embargo, aún existe tres recursos abiertos, los interpuestos por la comunidad benedictina -a la que pertenece el prior de la basílica y que administra el Valle de los Caídos-, el de la Fundación Nacional Francisco Franco, la entidad que aboga por la defensa de la memoria del dictador y el de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.