El Gobierno estudia ahora impugnar la nueva consulta de Mas

El Ejecutivo español se impacienta. En los últimos días ha expresado su convicción, fuera en conversaciones privadas por parte de sus ministros, o en declaraciones públicas, de que la nueva consulta que propuso el President Artur Mas para el 9 de noviembre, era efectivamente un “proceso de participación” que no exigía un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Pero ese “proceso” se va animando, y los partidos catalanes pro consulta pretenden iniciar una campaña que anime la participación, y los dirigentes nacionalistas hablan de una consulta que es “casi un referéndum”.

¿Retroalimentar a Mas?

Por ello, la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, ha asegurado este viernes que los servicios jurídicos del Estado elaborarán un estudio, que estará listo en los próximos días, para analizar si esa nueva consulta es ilegal, “a fin de interponer su ulterior recurso ante el Tribunal Constitucional”.

¿Es lo que quiere el Gobierno de Artur Mas? Si los ciudadanos catalanes que están a favor de la consulta se animan y perciben que se trata de la anterior consulta, –al fin y al cabo podrían votar igualmente– la participación podría ser muy alta, y el Gobierno español se encontraría con una votación que a efectos prácticos tendría el mismo valor político que la anterior. Y si se anula, el Govern de CiU tendría más argumentos para clamar que el Gobierno español no apuesta por la democracia.

Sean esos argumentos defendibles o no, lo cierto es que los dos ejecutivos se podrían retroalimentar.

Más antidemocrático

La vicepresidenta le ha dado la vuelta al asunto, y ha asegurado que la nueva consulta “no tiene ningún tipo de garantías democráticas”. Soraya Sáenz de Santamaría se ha explayado: “Carece de censo previo, quien lo organiza tiene una posición clara, monta todo el procedimiento, reúne las mesas, las preside, controla el proceso, hace la votación… Todo apunta a que la Generalitat pretende sustituir un proceso suspendido por otro más antidemocrático”, ha sentenciado.

Pero la vicepresidenta ha ido más allá, al entender que Mas busca responsabilizar a los ciudadanos de la suerte de la propia consulta y del proceso, sin asumir él mismo la ilegalidad de la consulta.

Con ello ha hecho alusión a la pretensión de que sean los directores de los centros educativos, donde se podrá votar, los que se responsabilicen de la consulta. Los directores de los institutos de secundaria han pedido que esas instrucciones se les entregue por escrito. Y, según la vicepresidenta, “él no lo quiere asumir”. Sáenz de Santamaría ha concluido que el Gobierno “velará por que se cumpla la ley y por los derechos y libertades de los ciudadanos de Cataluña».