El Gobierno inicia el blindaje de Cataluña ante el 1-O

El Ministerio de Interior ha iniciado ya el refuerzo de la seguridad en Cataluña con motivo del segundo aniversario del 1-0 con el despliegue escalonado y en coordinación con los Mossos de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios. El ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska evaluará con la Generalitat y los Mossos d’Esquadra si incrementa la dotación de refuerzo en los próximos días. 

A una semana del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O, se ha movilizado a cinco grupos de la Unidad Policial de Intervención (UIP) –algo más de 200 agentes– para que se desplacen a Cataluña.

Según la información adelantada por El Periódico de Cataluña, los ‘antidisturbios’ de la Policía Nacional se encargarán, en principio, de custodiar las sedes de edificios oficiales de titularidad estatal como la Delegación el Gobierno, la Jefatura Superior, comandancias y cuarteles o incluso sedes de tribunales. 

El despliegue de más agentes antidisturbios en Cataluña ya se ha iniciado, aunque el número total de efectivos que se trasladarán a esta comunidad no está cerrado definitivamente, ya que puede variar en función de las necesidades que consideren los mandos de la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra.

Así, el número de efectivos se irá adaptando a los análisis de los expertos y la intensidad de las protestas. De hecho, en esos estudios ya se ha tenido en cuenta la detención de las nueve personas vinculadas con los CDR y que mañana pasarán a disposición de un juez de la Audiencia Nacional.

Hay que recordar que ante el referéndum y la declaración unilateral de independencia en 2017, se llegaron a desplazar a Cataluña unos 6.000 efectivos policiales, doblando la plantilla fija de la Policía y la Guardia Civil. 

Actuaciones policiales por el aniversario del 1-O

El aniversario del 1-O ha puesto en alerta a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Este lunes fueron detenidos por la Guardia Civil nueve integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) en una operación ordenada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía, que los acusa de presuntos delitos de terrorismo, rebelión y tenencia ilícita de explosivos, que tenían planeado usar en el aniversario del referéndum y como respuesta a la sentencia del ‘procés’. 

Con la decisión de Interior, conocida este miércoles, el Ministerio pretende establecer un dispositivo de refuerzo forma parte de la «normalidad policial» ante situaciones que pueden incidir en la seguridad ciudadana y en edificios de la Administración del Estado.