El Gobierno desoye a Europa con su oficina de fake news

La Comisión Europea (CE) ha evitado por ahora valorar la llamada comisión permanente contra la desinformación que el Gobierno ha echado a andar sin previo aviso, pero ha avisado que está «estudiando» el plan.

Si se pronuncia, es posible que el Ejecutivo europeo señale algo a todas luces obvio: la maniobra de Pedro Sánchez está muy lejos del enfoque planteado desde Bruselas para combatir la manipulación política.

No significa que para la Unión Europea (UE) las fake news no sean un problema que urge una solución. Este pasado junio, de hecho, la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Věra Jourová, aseguró que, «para combatir la desinformación, necesitamos movilizar a todos los actores relevantes, desde las plataformas en línea a las autoridades públicas, y apoyar a los verificadores de datos y medios de comunicación independientes».

Pero las formas y la redacción de la orden gubernamental publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este pasado jueves distan de ser lo que la CE ha impulsado durante el último lustro, un esfuerzo que se prevé que culminará este año cuando por fin se publique el llamado Plan de Acción para la Democracia Europea. En ese sentido, el primer error del Gobierno de coalición ha sido tomar el asunto exclusivamente en sus manos.

Los expertos de la UE, contra la regulación de la desinformación

«Es importante lograr un equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y la necesidad de que los ciudadanos estén debidamente informados. En este contexto, hay que tener en cuenta que muy a menudo la desinformación no califica como contenido ilegal», señala el plan de acción contra las fake news que la CE presentó en diciembre de 2018 y que servirá como una de las bases para el ya mencionado Plan de Acción para la Democracia Europea.

Ese documento del Ejecutivo europeo de 2018, a su vez, estaba en gran parte basado en el informe de un comité de expertos de la CE publicado en marzo de ese año, que, entre otras cosas, recomienda a los Estados miembros evitar cualquier «interferencia de las autoridades públicas en la independencia editorial», recordando que existe en las democracias «una larga tradición de oposición a la regulación gubernamental de la prensa libre».

Los expertos a los que la UE encargó un informe sobre fake news dejaron claro que la regulación de los contenidos era indeseable. Sus autores manifestaron entonces que sería preocupante que «los gobiernos obtengan un control excesivo sobre las fuentes de noticias a las que se puede acceder en línea y a las que no», y advirtieron del riesgo para la libertad de expresión de que los Estados «favorezcan o desprioricen a determinadas fuentes de noticias».

«El [Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Noticias Falsas y Desinformación] no considera que el control gubernamental de los medios digitales sea una solución adecuada a la desinformación digital. La independencia de los medios de comunicación es imprescindible para las bases democráticas de Europa», añadía el informe, que hasta ahora ha sido respetado por la CE en sus esfuerzos para combatir la manipulación informativa del siglo XXI.

«Los periodistas, los medios de comunicación y las fuentes de noticias legítimas necesitan protección contra la interferencia estatal y política y el establecimiento de agendas políticas», decían los expertos, afeando que ningún Estado miembro de la UE ha acatado la recomendación de 2016 del Consejo de Europa sobre la protección del periodismo.

Asimismo, el comité de expertos aconsejaba implementar «ampliamente» códigos de conducta autorreguladores para establecer «los estándares profesionales para los periodistas» y «las reglas que establecen los mecanismos de denuncia para informaciones inexactas o intrusivas».

La CE aconseja otra ruta a Sánchez

A lo largo de su Plan de Acción contra la Desinformación, la Comisión Europea deja claro que el mismo no propone cambios regulatorios para combatir la desinformación. Presentado antes de las elecciones europeas de 2019, el plan no descartaba por completo esa posibilidad pero subrayaba que habría un periodo de análisis durante todo el año electoral y que confiaba en que sus guías permitieran no llegar a ese escenario, que aún no es real.

«Abordar la desinformación requiere determinación política y acción unificada, movilizando a todas las partes de los gobiernos (incluidas las comunidades contrahíbridas, de ciberseguridad, inteligencia y comunicación estratégica, protección de datos, autoridades electorales, policiales y de medios). Esto debe hacerse en estrecha cooperación con socios de ideas afines en todo el mundo», rezaba el plan.

Esta labor, añadía en 2018 la CE, «requiere de una estrecha colaboración entre las instituciones de la Unión, los Estados miembros, la sociedad civil y el sector privado, especialmente las plataformas digitales». La apuesta de Bruselas entonces pasaba por mejorar la capacidad de detección de bulos y de respuesta coordinada, presionar a las tecnológicas para autorregularse y sensibilizar a la población.

El Gobierno, sin coartada

A raíz de este plan, el Gobierno de España creó en 2018 su primer Plan de Acción contra la Desinformación. El Ejecutivo de Sánchez ha recordado este antecedente ante las críticas recibidas esta semana, pero ha justificado que el nuevo organismo para combatir las fake news es «una respuesta directa a la petición de la UE de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformación», pese a que ese Plan ya se hizo.

La Moncloa asegura que la comisión «en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones» y ha señalado que a la misma están «invitados a participar» los medios y la sociedad civil. No obstante, la estructura de la comisión que se publicó en el BOE solo muestra como miembros fijos a cargos gubernamentales y solo dice que terceros «podrán ser convocados en calidad de expertos».

La crisis del coronavirus tampoco es una excusa

Este año, la CE ha abordado el tema de la desinformación a la luz de la pandemia de la Covid-19 y se ha expresado en los mismos términos que antes de la emergencia sanitaria, que sin duda ha supuesto un auge de las fake news. El Ejecutivo comunitario ha alertado, por ejemplo, de que algunos esfuerzos para combatir el exceso de información podrían usarse como «pretextos» para ir en contra de derechos fundamentales.

«La libertad de expresión y el derecho de los medios de comunicación y la sociedad civil a controlar las acciones del Estado son tan importantes como siempre durante esta crisis: la responsabilidad de las autoridades públicas no debe reducirse porque operan a través de poderes de emergencia», decía una declaración conjunta de la Comisión y el alto representante, Josep Borrell, redactada en junio pasado.

«Durante la crisis se han señalado problemas relacionados con la libertad de expresión, incluidos informes de que se ha restringido el acceso a la información de periodistas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que dicho acceso se ha retrasado innecesariamente, que los periodistas enfrentan mayores riesgos para su seguridad, entre ellos amenazas e intimidación, o que fueron acusados injustamente de difundir desinformación», continuaba.

La CE advirtió entonces que ha estado monitorizando las medidas de los gobiernos y aconsejó a los Estados ayudar a que los medios sigan siendo independientes, libres y plurales. Y nuevamente desaconsejó regulaciones contra la desinformación porque estas leyes con términos «demasiado amplios» pueden limitar la labor de la prensa y llevar a la autocensura, «lo que genera preocupaciones especiales en torno a la libertad de expresión».

El Gobierno se reserva el derecho a definir la verdad

El anteriormente citado informe de 39 expertos, nombrados por la CE tras un proceso abierto de aplicaciones, representaba la posición de organizaciones o empresas como Reuters, Mediaset, Sky News, Google, Twitter, Facebook, AFP y, por parte de España, de Maldita.es y El Objetivo de Ana Pastor. Bruselas aprobó el documento y se hizo eco de sus conclusiones en el también citado plan de acción contra las fake news y la desinformación.

El Instituto Poynter de Estados Unidos, que controla la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), y que también participó en la redacción del informe de expertos de la CE, insiste en que el documento «recomienda explícitamente no regular contra la desinformación». Y Maldita.es, en España, ha destacado que el informe aconseja «un enfoque colaborativo que involucre a todos los actores relevantes».

Este enfoque colaborativo no está presente en la orden del Gobierno que da vida a la comisión permanente contra la desinformación. El documento que ha presentado el Ejecutivo, lleno de ambigüedades y lagunas jurídicas preocupantes, no es desde luego un órgano independiente de supervisión de la información ni tiene como miembros permanentes a la oposición, a los medios de comunicación o a los verificadores de datos.

No por nada los verificadores de datos españoles y las asociaciones de prensa han mostrado su preocupación por la comisión gubernamental contra las fake news. «El principal peligro es que ese comité sea utilizado con fines políticos, dada su dependencia gubernamental», advertía este viernes el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape), Nemesio Rodríguez, en declaraciones a El Mundo.

«El riesgo obvio es que un organismo del tipo que se propone funcione más como censor que como garante de la verdad», añadía Juan Caño, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). «Ponemos serios reparos a las herramientas anunciadas para esa lucha contra la desinformación porque deja en manos del Gobierno de la Nación una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos».

Por supuesto, esto ya lo adviertieron los expertos de la CE en su aparentemente ignorado informe de 2018: «Los enfoques legales que equivalen a una censura bien intencionada no están justificados ni son eficaces para la desinformación. […] La reacción pública a la censura será contraproducente, ya que podría (erróneamente) percibirse que ‘el establishment’ o ‘los partidos en el poder’ manipulan las noticias en su beneficio».