El director de la Oficina Antifraude: el ‘caso Millet’ tiene solución

La Oficina Antifraude mantiene una intensa labor. Sin llegarlo a querer de forma explícita, lo cierto es que se ha convertido en una de las “estructuras de estado” de las que el Govern del President Artur Mas trata de poner en marcha.

Forma parte del comité ejecutivo, formado por 20 estados, de una estructura de organismos antifraude que alcanza los 129 países. Se creó bajo los gobiernos del tripartito, con el impulso decidido de Esquerra Republicana, a pesar de los recelos de los gobiernos locales de distinto signo político.

Su director, el magistrado Daniel de Alfonso, que estaba a cargo de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, nombrado en julio de 2011 en sustitución del fallecido David Martínez Madero, tiene claro su cometido. Y asegura que el caso Millet, y otros similares en los que los propios acusados de corrupción han admitido el delito, se podría resolver fácilmente.

Políticos imputados

De Alfonso ha afirmado este sábado en una entrevista en el programa Converses de la Cadena Cope que la opinión pública no entiende que Millet pueda estar en la calle, paseándose por algún parque, o tomando el sol en alguna terraza.

Pero el magistrado recuerda las limitaciones de la ley, y explica qué es exactamente lo que se podría hacer. “Si se tipifica como delito el incremento de patrimonio sin justiticar, se resolverían no todos los casos de corrupción, pero sí se daría respuesta a los problemas que la gente no logra entender cuando se encuentra a confesos que están tan campantes”.

La prisión preventiva

El director de la Oficina Antifrau, creada en 2008, ha asegurado en la Cadena Cope que a Fèlix Millet no se le puede encarcelar de forma preventiva por el desfalco del Palau de la Música. La investigación se centra en la posible malversación de caudales públicos y en el posible blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública. Todo ello precisa de tiempo, para investigar, también, en terceros países. La cuestión de la alarma social, a la que se podría acoger la justicia para mantenerle en prisión, la eliminó el Tribunal Constitucional al considerarla muy subjetiva.

Daniel de Alfonso, por tanto, cree que el código penal se debería reformar para incluir como delito el incremento injustificado de patrimonio, que afectaría de pleno a Millet, como aconsejan diferentes organismos internacionales, como el propio convenio para combatir la corrupción de Naciones Unidas. “En esos casos, la investigación sería muy rápida, de menos de un mes”, asegura el magistrado.

También podría ser la solución para resolver muchos casos de políticos imputados, según De Alfonso, la mayoría de los cuales son sospechosos de haberse enriquecido ílicitamente.

Asegurar inversiones en Catalunya

Esa propuesta es la que defendió el director de la Oficina Antifrau en las dos reuniones que mantuvieron los responsables de organismos de control de la Generalitat y las autoridades del poder judicial con el President Artur Mas en el mes de febrero. Pero esa reforma del código penal depende del Congreso de los Diputados, aunque Mas la pueda defender.

Otra de las propuestas que se analizaron, y que Mas también hizo suyas es la creación de un órgano que velará por las contrataciones de la administración. La Oficina Antifrau se prestó a asumir esa responsabilidad, pero dependerá ahora de la decisión del Parlament.

Junto a ello, De Alfonso defiende la necesidad de una ley de transparencia que aborde las adjudicaciones, las contrataciones y los gastos de las administraciones. El paquete de 51 medidas que Mas elaboró, con todas las recomendaciones tras las dos reuniones, se debatirán en el parlamento autonómico.

De Alfonso mantiene, además, que la oficina está siendo muy útil para «asegurar inversiones» de empresas que desean conocer el entramado administrativo de Catalunya y que se interesan por cómo trabaja Antifrau.

‘Caso Mercurio‘

De Alfonso también se ha referido a otros casos, como el que afecta a Daniel Fernández, diputado del PSC y ex secretario de organización del partido, relacionado con el caso Mercurio. “El Fiscal Bermejo y el Tribunal Superior se deberán pronunciar, pero hay indicios de que pudo influir para que una persona obtuviera un cargo, teniendo en cuenta el requisito de que favorezca a alguien, y que esa decisión perjudique a una tercera persona”.

La Oficina Antifrau comenzó a fraguarse tras las acusaciones del ex president Pasqual Maragall a la dirección de CiU de supuestos cobros del 3% de las adjudicaciones de obras públicas, en febrero de 2005. Con la determinación posterior de ERC, la oficina vio la luz en 2008. De Alfonso ha asegurado, sin embargo, que ahora esa cuestión “ha cambiado mucho, no sé si ha desaparecido, pero no hay dinero, no hay oferta pública, por lo que estoy seguro que se ha rebajado muchísimo”.

Los «arrestos» de mantener la oficina

La Oficina Antifrau, que vela por impedir “malas prácticas en la administración autonómica”, y que depende del Parlament, cerró 2012 con 41 investigaciones. De todas ellas, 17 se remitieron a la fiscalía. Recibió 147 denuncias, que podrían equivaler, como se informó en su momento, a la gestión incorrecta o irregular de unos 300 millones de euros.

En la entrevista de este sábado, De Alfonso concluye que un organismo como la Oficina Antifrau debería crearse en toda España. “En Catalunya se ha tenido los arrestos de crearla y de mantenerla”, sentencia.