El Constitucional mantiene la inhabilitación de Quim Torra

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Quim Torra contra la condena del Tribunal Supremo por la que se le inhabilitó durante 18 meses por un delito de desobediencia. No obstante, el tribunal ha rechazado la medida cautelar solicitada por la defensa del expresidente catalán de suspender su cese del cargo, que se hizo efectivo el pasado 28 de septiembre.

Gonzalo Boye, abogado de Torra y Carles Puigdemont, pidió tras dictarse la sentencia del Supremo que se suspenda la condena mientras el Constitucional estudia el recurso. Solicitó el letrado que se llevara a cabo esta medida «sin más dilación y con anterioridad al trámite de admisión del recurso», y sostuvo que «no supone obstáculo para la suspensión el hecho de haberse comenzado a ejecutar ilegalmente la pena».

Fue la reacción de la defensa de Torra para intentar invalidar la inhabilitación por negarse a retirar símbolos independentistas de edificios públicos durante el periodo electoral de los comicios de abril de 2019. El ahora expresident fue condenado por el delito que admitió durante el juicio oral, desobediencia, y sus funciones las ha asumido ahora el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Otro recurso pendiente

Torra no solo recurrió su inhabilitación ante el Constitucional sino también ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el primero en condenarle a la inhabilitación en enero pasado, sentencia que la semana anterior confirmó el Supremo. La defensa pidió al TSJC la anulación de la ejecución de la condena porque aún no se ha declarado formalmente la sentencia.

El tribunal catalán ha fijado para el próximo 14 de octubre la vista con las acusaciones y la defensa para establecer los términos de la liquidación de la inhabilitación de Torra. Esta vista debió celebrarse este lunes, pero se aplazó porque uno de los letrados de Torra alegó que tenía un señalamiento para el mismo día.

En el recurso ante el TSJC, Torra argumenta que se ha llevado a cabo su inhabilitación sin que se haya declarado firme la sentencia del Supremo, lo que para su abogado implica la «nulidad manifiesta» de la ejecución de su cese el lunes de la semana pasada. Por ello, plantea que la condena sea suspendida por las «graves consecuencias» que acarrea para él y «para el conjunto del sistema institucional de la Generalitat».