El Consejo de Estado ‘se carga’ el euro por receta
El órgano consultivo considera inconstitucional la tasa creada por Artur Mas y copiada en Madrid
“Las comunidades autónomas no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública”. Con estas palabras, el Consejo de Estado señaló en un dictamen del 21 de junio que ha transcendido este jueves, a ocho días de las elecciones catalanas, que la implementación de la tasa del euro por receta es inconstitucional. “Procede a su impugnación”, reza el mismo texto.
Los miembros del consejo permanente del órgano consultivo aseguran que la tasa vulnera el principio de igualdad de todos los ciudadanos. Recuerdan que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 previene que “todos los usuarios tendrán acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta ley en condiciones de igualdad efectiva” y que el Congreso es el responsable de “garantizar una unidad mínima en las condiciones de acceso a los productos farmacéuticos, con independencia del lugar en el que dentro del territorio nacional se resida”.
Voto particular
Sólo tres de los ocho miembros del consejo permanente se desmarcaron de la decisión. Emitieron un voto particular respecto a este texto la ex vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (PSOE); el magistrado del Tribunal Supremo y ex ministro de justicia en la primera legislatura de Felipe González, Fernando Ledesma (PSOE); y el doctor en derecho Enrique Alonso García.
Los tres consideran que no existen motivos suficientes para declarar el impuesto inconstitucional porque “toda tasa incide sobre los precios”, independientemente de quién la cobre. Entienden que “no es suficiente” argumentar que se trata de un impuesto que afecta al precio de los medicamentos y que, por ello, merece una atención especial.
Catalunya y Madrid
El euro por receta fue una de las tasas que el Presidente de la Generalitat, Artur Mas (CIU), desplegó con los presupuestos de la Generalitat de 2012 para intentar cuadrar la caja de la institución, junto a un impuesto para los turistas. Ambas decisiones han levantado polvareda. Las farmacias catalanas empezaron a cobrar un euro extra por cada medicamento que dispensaban con receta médica desde el pasado 23 de junio, poco después de que el Consejo de Estado declarara su inconstitucionalidad.
Ha pasado más tiempo desde la resolución hasta el anuncio del Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), sobre el despliegue del impuesto también en la autonomía. El sustituto de Esperanza Aguirre avisó a principios de noviembre, cinco meses después del informe del Consejo de Estado, que empezará a recaudar el euro por receta en enero.
