El caso ERE de Andalucía, en cifras: 854 millones de euros perdidos
Este martes se conocerá la resolución del juicio del caso de los ERE, que investiga el desvío de fondos públicos en Andalucía entre 2001 y 2010
La sentencia de la pieza política del caso de los ERE se dará a conocer a las partes implicadas el martes 19 a las 12.00 horas. No se hará pública, en un intento por evitar las filtraciones tal y como sucedió hace unas semanas en el juicio al ‘procès’. A pesar de que el PSOE haya logrado esquivar por poco que se conozca la resolución en campaña electoral, los socialistas andaluces no podrán evitar el mayor golpe de su historia. Un escándalo que comenzó en 2001 y que se ha dejado más de 850 millones de euros en el camino.
Como procesados en el auto figuran algunos de los cargos más reconocibles de la Junta de Andalucía durante la primera década del siglo XXI, entre ellos, los expresidentes andaluces Manuel Chaves -cuyo mandato abarca desde 1990 a 2009- y su sucesor, José Antonio Griñán (2009-2013). También el de varios altos cargos, como la exconsejera de Hacienda Economía hasta 2004 y ministra de Fomento entre 2004 y 2009, Magdalena Álvarez, el que fuera consejero de la Presidencia entre 1996 y 2009, Gaspar Zarrías, o el del consejero de Empleo entre 2000 y 2004, José Antonio Viera.
Los magistrados Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez Caselles sustituyeron a la jueza Mercedes Alaya al frente del sumario. Ellos serán los encargados de dictaminar si castigan a los imputados con penas que oscilan entre seis y ocho años de cárcel, además de la inhabilitación -por 30 años- para ejercer como cargo público, por delitos de prevaricación y malversación de caudales. No obstante, durante los más de ocho años de instrucción, se han destapado cifras que sitúan al caso de los ERE como uno de los mayores juicios de la historia de España.
854 millones de euros
Según el sumario, entre 2001 y 2010 la Junta de Andalucía, bajo los mandatos de Chaves y Griñán, concedió 854 millones de euros en subvenciones y ayudas a través de procesos usando un entramado de dudosa transparencia. No obstante, la Fiscalía rebajó la cantidad durante el transcurso del juicio a algo más de 680 millones de euros.
El motivo es que Anticorrupción pidió eliminar el ejercicio fiscal de 2010, debido a que ese año se cambió el convenio de 2001 que dictaminaba la concesión de las ayudas. Aún así, y con la eliminación del balance de 2010, la Fiscalía mantiene que esos 680 millones «no debieron salir de las arcas públicas». Del total, la Administración andaluza solo ha recuperado 6,7 millones.
Cerca de 300 investigados y 21 acusados
Desde que el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla iniciase el juicio en marzo de 2011 se ha investigado a unas 300 personas, de las cuáles 21 han sido sentadas en el banquillo de los acusados. Además de los nombres mencionados, figuran otros de peso aunque menos reconocibles.
Son los casos del consejero de Empleo entre 2004 y 2010, Antonio Fernández, en libertad tras abonar 400.000 euros de fianza; Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo durante una década (1998-2008); los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Carmen Martínez Aguayo; la exsecretaria general de Empleo, Lourdes Medina; el exdirector del Instituto de Fomento, Miguel Ángel Serrano; su sustituto, Jacinto Cañete o el interventor de la Junta, Manuel Gómez.
6.096 beneficiarios
Durante década comprendida entre 2000 y 2010, el caso ERE afectó en 120.829 trabajadores, de los cuáles 6.096 recibieron las ayudas a través de los fondos creados por el Ejecutivo andaluz.
De estos últimos, 126 están imputados en calidad de ‘intrusos’ o falsos trabajadores, uno de los puntos sobre los que vertebra la investigación. La Junta les reclama 135 millones de euros -del montante total- por irregularidades en diversos expedientes.
180 piezas y más de un millón de folios
En total existen 180 piezas separadas en el caso ERE. Hasta diciembre de 2018, cuando el juicio quedó visto para sentencia, se habían gastado más de 1,2 millones de folios. Solo la sentencia de la pieza política se prevé que contenga más de 1.700, el triple de lo que ocupó la sentencia al juicio del ‘procés’.
6,7 millones de euros
De los 854 millones de euros ‘extraviados’, la Junta de Andalucía solo ha conseguido recaudar 6,7 millones, tal y como figura en el último balance realizado por la Administración autonómica.