El Consorcio del Palau de la Música desaparecerá tras el juicio
El Consorcio se reunirá de nuevo este martes para decidir si acusan a Convergència, esta vez con la asistencia de los representantes del Ministerio de Cultura
El Ministerio de Cultura de Íñigo Méndez de Vigo enviará a sus representantes a la reunión del Consorcio del Palau de la Música de este martes. Un portavoz ministerial confirma a este diario que acudirán a la cita. En la reunión se volverá a votar si finalmente acusan a Convergència (CDC) por financiarse ilegalmente a través del Palau de la Música cuando estaba presidido por Fèlix Millet. Una vez se dicte sentencia del caso Palau, el consorcio se liquidará.
El consorcio está formado por la Generalitat (con tres representantes), el Ayuntamiento de Barcelona (con dos) y el Ministerio de Cultura (con otros dos), además de cinco miembros de la Fundación Palau de la Música. En su última reunión, los representantes del gobierno de Carles Puigdemont impusieron su criterio de no acusar a Convergència. De los ocho votos emitidos, cinco fueron favorables a los intereses convergentes (tres de la Generalitat y dos de la Fundación) y tres exigieron presentar acusaciones (dos del ayuntamiento barcelonés y uno del Orfeó Català). Los dos representantes del ministerio de Méndez de Vigo, que podían haber equilibrado la balanza, no se presentaron y tampoco delegaron el voto.
La ausencia de los representantes ministeriales allanó el camino al gobierno de Puigdemont para imponer su criterio en el juicio. La actitud del Ministerio de Cultura levantó muchas suspicacias. El diputado socialista Jordi Terrades preguntó en el parlamento catalán si su ausencia estaba relacionada con el apoyo que el Pdecat ha dado al gobierno central para la reforma de la estiba portuaria.
Repetición de la votación
En calidad de vicepresidenta del consorcio, la alcaldesa Ada Colau ha forzado una nueva reunión para este martes para revisar la estrategia jurídica en el caso Palau. Esta vez, los representantes del Ministerio de Cultura estarán presentes, aunque no han avanzado el sentido de su voto. Lo lógico sería que votasen a favor de acusar a Convergència, aunque fuentes del Palau no descartan que opten por la abstención. Al frente de la delegación ministerial se encuentra Montserrat Iglesias, directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem). No es necesario que acuda personalmente porque puede delegar su voto.
Tampoco está clara la respuesta de los representantes de la Generalitat después de que, la semana pasada, el parlamento catalán la instase a presentar acusaciones. Los diputados del Pdecat se abstuvieron.
Consorcio del Palau: la alcaldesa Colau obliga a la Generalitat y al gobierno central a mojarse
Si el consorcio decide inculpar a Convergència, su abogado actuará en consecuencia cuando este 26 de mayo presente el informe de conclusiones definitivo ante el tribunal. No obstante, la defensa del extesorero Daniel Osàcar y de CDC podría impugnarlo porqué la semana pasada anunció el criterio contrario ante el mismo tribunal.
El consorcio desparecerá probablemente este mismo año. Desde el Palau de la Música se confirma que la intención es disolverlo cuando finalice el juicio, que quedará visto para sentencia el próximo junio. El consorcio gestionó el edificio del Palau de la Música hasta 2012. A partir de ese año, su gestión paso a manos la fundación, que preside Mariona Carulla y que cuenta en su patronato con representantes institucionales -Generalitat, Ayuntamiento y Ministerio de Cultura- y de los mecenas. En esta fundación, el gobierno central pierde peso porque sólo cuenta con único representante, Montserrat Iglesias.
La fiel aliada Carulla
La fundación también decidió mantenerse en la línea de no ejercer acusaciones contra Convergència. Los representantes de la Generalitat, Carulla y los representantes de los mecenas, entre los que se encuentra David Madí, impusieron este criterio. El ministerio tampoco se presentó en esta reunión.
La fundación que preside Carulla reclama más de 30 millones de euros por el expolio, pero los pide a los saqueadores confesos –Millet, Jordi Montull y su hija Gemma-, pero no a Convergència. Encargaron un informe a Pwc que avala esta posición. No se sienten perjudicados por el partido de Artur Mas, pese a que el fiscal mantiene que consiguió 6.6 millones de euros en comisiones de Ferrovial por la adjudicación de obra pública a través del Palau. Si el fiscal Emilio Sánchez Ulled consigue condenar a CDC como responsable civil subsidiaria de un delito de tráfico de influencias, el dinero que deberá pagar el partido no ira al Palau, sino a las arcas del Estado.
