Las cruzadas jurídicas de Vox
El director de TV3, el de Catalunya Ràdio y diversos mandos de los Mossos declararán este enero en unos procesos en los que Vox ejerce la acusación
Vox es una factoría de querellas. El partido de Santiago Abascal se querelló la semana pasada contra los dirigentes de Podemos Pablo Echenique y Teresa Rodríguez, en ambos casos por supuestas calumnias, y contra el cantante Josep Bordes por presunto exhibicionismo en un concierto en Castellón.
Los abogados de Vox se han querellado contra un centenar de políticos rivales. Entre ellos están el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su tesis doctoral, o la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por considerar que desprotegía al juez Pablo Llarena. Sin embargo, ambas acusaciones fueron archivadas.
Más suerte han tenido en sus acciones contra independentistas catalanes: además de Carles Puigdemont y de todo su gobierno, de Carme Forcadell y de la mayor parte de los miembros de la mesa del parlamento, de los Jordis o del mayor Josep Lluís Trapero, todos ellos procesados por el 1-O, también se han querellado contra Quim Torra, Roger Torrent, alcaldes como la gerundense Marta Madrenas, … e, incluso, contra el juez belga que aceptó a trámite una demanda de Puigdemont contra Llarena.
Vox ha concentrado su fuego jurídico sobre los independentistas. Ha conseguido personarse como acusación popular en las principales causas vinculadas al referéndum del 1 de octubre. No sólo en las que se siguen en el Tribunal Supremo, sino también en los juzgados catalanes.
El próximo 23 de enero están citados a declarar como imputados en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona el director de TV3, Vicent Sanchis, y el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. Se les preguntará por la publicidad que emitieron estos medios públicos sobre el referéndum del 1-O cuando ya estaba prohibido por el Tribunal Constitucional.
Entre finales de enero y principios de febrero también declararán, esta vez en un juzgado de instrucción de Cornellà (Barcelona), diversos responsables de los Mossos d’Esquadra por supuesta inacción durante el 1-O.
Los abogados de Vox
En estos dos últimos casos, el abogado Juan Cremades ejerce la acusación en representación de Vox. Cremades coordina a un equipo de una decena de letrados que llevan los asuntos del partido de Abascal en los juzgados catalanes. Están a las órdenes directas del secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, y del vicesecretario jurídico, Pedro Fernánez, que son los responsables de definir la estrategia judicial.
En declaraciones a este medio, Cremades precisa que también forma parte de la acusación en la ampliación de la querella contra Artur Mas –archivada por el juzgado número 13 de Barcelona, aunque pendiente de recurso en la Audiencia Provincial–, en el caso de Josep Maria Jové –aforado por su condición de diputado de ERC, cuya causa se sigue en el TSJC– y en la de Quim Torra.
Vox se ha querellado repetidamente contra el actual presidente de la Generalitat. El propio Abascal acudió en diciembre pasado al Supremo para presentar una querella por rebelión contra Torra por defender la llamada “vía eslovena”. El TSJC rechazó otra querella contra Torra por sus comentarios en artículos y en las redes sociales, aunque Cremades recurrió el archivo ante el mismo tribunal. Todavía no se ha pronunciado.
Cemades insiste en que todas estas acciones legales no son políticas. Asegura que se presentan “con la intención de que haya justicia”.
Política de tribunales
Aunque muchas de las acciones acaban en archivo, como la que presentaron contra Torra y Torrent, Vox consigue repercusión mediática. Sus querellas son un potente altavoz de sus planteamientos políticos.
Como era de esperar, es la acusación que ha pedido penas más altas para los independentistas: 74 años de cárcel para Oriol Junqueras y para el resto de exconsejeros presos por dos delitos de rebelión –no uno, sino dos–, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos. Triplican las penas solicitadas por la fiscalía. En total, reclaman más de siete siglos de cárcel para el conjunto de acusados por el 1-O.
