Las oficinas del SEPE reabren con 200.000 ERTE sin resolver
El sindicato de funcionarios CSIF rechaza la apertura "inmediata" en territorios en fase III ante la "avalancha" de trabajo que espera a los empleados
Las oficinas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) reabren desde este lunes en todos los territorios que se encuentren en la fase III con más de 200.000 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) sin resolver, derivados de la paralización de la actividad y el cierre de oficinas durante el estado de alarma decretado ante la pandemia de coronavirus.
Una reapertura que rechaza el sindicato de funcionarios CSIF por «inmediata», ya que además de los mecanismos de despido temporal hay que sumar un gran número de prestaciones extraordinarias a los trabajadores que se quedaron sin empleo durante la crisis sanitaria. Datos que chocan con la situación trasladada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que asegura que ya se ha ejecutado en torno al 98,5% del trabajo pendiente.
El CSIF ya denunció hace una semana en un comunicado que es «más que previsible que la angustia e incertidumbre» de los afectados por ERTE se «traslade» a las oficinas y empleados del SEPE.
«Poco sentido tiene reanudar la atención a nuestros usuarios en unos territorios sí y en otros no, si no podemos estar en condiciones de garantizar una respuesta efectiva al conjunto de desempleados a los que, lamentablemente, todavía no hemos podido llegar», apunta el texto del CSIF.
Según el organismo, desde el comienzo de la crisis los trabajadores del SEPE han estado «trabajando siete días a la semana y a doble turno» para «resolver la avalancha de solicitudes de protección por desempleo».
La carga de trabajo ha incrementado un 530%
Asimismo, respecto a la carga de trabajo, el CSIF señala que se ha incrementado un 530% mientras que la plantilla solo ha crecido en un 10%. Una situación que se suma a las declaraciones políticas «irresponsables» sobre el abono de las prestaciones.
«Todo ello ha generado una lógica frustración y preocupación en los ciudadanos afectados, a los que los empleados públicos quieren seguir atendiendo, eso sí, en las mejores condiciones»; apunta el CSIF.
