El Gobierno expone a los notarios al virus: deben atender a la banca

Los notarios también sufren las consecuencias del estado de alerta, al ver restringidas sus actividades a situaciones de emergencia para frenar el coronavirus. Eso sí, uno de los supuestos que el Gobierno de Pedro Sánchez considera justificado para que estos profesionales jurídicos puedan ejercer su profesión tiene que ver con las operaciones relacionadas con la banca. Si hay un banco de por medio, pueden trabajar sin problema, a diferencia de con otras actividades económicas, en las que tienen que seguir un proceso. 

Otro sector que también queda fuera del proceso excepcional todas aquellas relacionadas con la «actividad propia de las entidades aseguradoras«. En estos dos supuestos, los profesionales podrán actuar con normalidad, sin tener en cuenta la aplicación del estado de alarma para garantizar el normal funcionamiento de estos dos servicios financieros y económicos. Para el resto, hay que seguir un estricto decálogo para ponderar la verdadera naturaleza urgente. 

Resto de urgencias

«El notario habrá de ponderar la naturaleza de la situación, la existencia de plazos perentorios [imprrorrogables y únicos], como la existencia de graves prejudicios derivados de la denegación», explica un documento del Consejo General del Notariado. El documento reconoce la naturaleza «excepcional» del estado de alarma por coronavirus y remarca que esta «urgencia» se tiene que interpretar «restrictivamente». 

El interesado en pedir servicios notariales deberá llamar por teléfono a su oficina para exponer su necesidad. El notario deberá ponderar la gravedad y la verdadera urgencia de esta demanda, atendiendo sobre todo a conceptos «inaplazables» o también para evitar «daños patrimoniales irreparables», entre otros. Si el profesional jurídico da su visto bueno, puede requerir a su cliente que se presente en la notaría «con los medios de autoprotección» suficientes para evitar contagios. 

El estado de alerta ha supuesto una auténtica sacudida a la actividad económica, puesto que la actividad normal ha quedado completamente paralizada con las medidas de confinamiento y distanciamiento social para evitar que el coronavirus se propague. El gobierno solo dejó que siguieran abiertos los establecimientos públicos imprescindibles, como farmacias, centros de salud, ópticas o supermercados.