Torra, Urkullu y Feijóo rechazan otra prórroga del estado de alarma
Sánchez no consigue acallar las críticas a pesar de anunciar su plan de cogobernanza y el Fondo de Reconstrucción de 16.000 millones
El Gobierno ya no dispone del apoyo unánime de las comunidades autónomas para mantener el estado de alarma. Tanto los principales barones del PP como los partidos nacionalistas se niegan a apoyar a Pedro Sánchez en ese aspecto. A pesar de ello, el presidente del Ejecutivo defenderá el próximo miércoles en el Congreso la cuarta prórroga de esta situación de excepcionalidad.
Durante este domingo, Sánchez ha mantenido su octava reunión telemática con los presidentes de las comunidades autónomas. Una reunión que ha estado caracterizada por las críticas de los dirigentes del País Vasco, Cataluña, Madrid y Galicia por la unilateralidad del presidente a la hora de tomar decisiones.
Además, se han mostrado contrarios a la prórroga del estado de alarma por considerar que hay instrumentos legales suficientes en la legislación ordinaria para aplicar las medidas necesarias. Según los dirigentes, el Gobierno está utilizando de manera desproporcionada esa medida. Sánchez, sin embargo, ha reiterado su intención de pedir nuevas prórrogas hasta el fin de la desescalada.
Las medidas anunciadas no han sido suficientes para frenar las críticas de los presidentes autonómicos del País Vasco, Íñigo Urkullu, ni del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ya habían adelantado su rechazo a la prolongación del estado de alarma. “No comparto manera de gestionar el mando único”, ha iniciado en su intervención Iñigo Urkullu. Según el lehendakari, la opción más correcta para seguir manejando la crisis es acudir a la legislación ordinaria sin necesidad de prolongar más la situación actual. Sánchez, respondiendo a los presidentes uno a uno, ha indicado que “es el único instrumento que nos permite actuar de manera inmediata”.
Por su parte, Quim Torra ha adelantado que Junts per Catalunya volverá a votar en contra de la prórroga del estado de alarma. Tamibén exige que se permita a la Generalitat adoptar sus propias medidas sin necesidad de una cogobernanza. «Sigo pensando que cogobernar no es la mejor manera”, ha afirmado Torra, poniendo una vez más en cuestión que el presidente anuncie los sábados las medidas que trasladará a la conferencia de presidentes. Su propuesta es: “los sábados hablar y los domingos anunciar”.
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no cree tampoco que el estado de alarma sea la única opción. Es más, “limita los derechos fundamentales» cuando la crisis que padece el país “al final es un problema sanitario”. Isabel Díaz Ayuso ha advertido que el golpe a la economía puede provocar un millón de parados a finales de año en la Comunidad, lo que podría suponer “disturbios”, según fuentes presentes.
Con todo esto, Ayuso exige una mesa bilateral con el Gobierno para abordar las consecuencias económicas de la pandemia, reclamando que los 16.000 millones para las comunidades no computen a efectos de déficit y deuda contables. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado el uso desproporcionado que, a su juicio, está haciendo el Gobierno del estado de alarma, convirtiéndolo en un estado de excepción de facto.
Él aboga por las áreas de salud como referencia para las distintas fases de la desescalada, en vez de provincias. El ministro Salvador Illa ha anunciado que se está valorando todas las propuestas de las CCAA en este aspecto. «¿Qué ciudadano no sabe cuál es su hospital?», respondía a Feijóo cuando Sánchez defendía que la limitación por provincias era más clara para los ciudadanos.
Según afirmó el ministro de Sanidad tras la reunión, “es un hecho que el estado de alarma ha funcionado y ha sido beneficioso para todas las comunidades” y por ello “en la etapa de desescalada es imprescindible seguir manteniéndolo” para controlar la pandemia “de una manera eficaz”. Illa no quiso referirse a la posibilidad de aplicar un plan B en caso de que el estado de alarma no fuera aprobado este miércoles en el Parlamento. “El Congreso es soberano para tomar la decisión que estime más conveniente”, se limitó a señalar.
Sánchez anuncia una “cogobernanza” para el desconfinamiento
Sánchez quiso dar un giro a su posición unilateral a la hora de tomar medidas transmitiendo a los presidentes autonómicos que pondrá en macha un procedimiento de “cogobernanza” para la desescalada con el propósito de reforzar el consenso y la coordinación con las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad negociará con cada comunidad el pase de una fase a otra del desconfinamiento, según Sánchez.
También se habló del paquete de medidas que incluye un Fondo de Reconstrucción dotado con 16.000 millones de euros para el conjunto de las autonomías para que “ningún territorio se quede atrás en la recuperación”, según el Ejecutivo. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, adelantó que Cataluña exigirá recibir la cuarta parte de ese fondo, un total de 4.000 millones.
Sánchez ha explicado que esos fondos se transferirán por fases. Primero habrá 6.000 millones de euros que se entregarán de forma inmediata, antes de que concluya el mes de junio. Y luego habrá otros dos tramos de 5.000 millones de euros cada uno, que serán transferidos a las autonomías en el segundo semestre del 2020. El criterio de reparto irá en función del impacto de la pandemia en cada autonomía, pero habrá otros baremos como el gasto social en función de la población.
En lo que afecta a las medidas económicas, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, indicó que el fondo de 16.000 millones destinado a las comunidades “no va a restar ni un euro del sistema de financiación para el año 2020”, aunque ese importe tendría que ser forzosamente menor “si se tuviera en cuenta el impacto de la crisis”. También incidió en que los 16.000 millones no reembolsables no son “un préstamo, sino transferencias directas que recibirán las comunidades”.
Además, Sánchez les ha informado de la aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes de la movilización del tercer tramo de la línea de Instituto de Crédito Oficial (ICO) que lanzará un total de 24.500 millones de euros para créditos, de los que el 50% será para grandes empresas y el otro 50% para pymes y autónomos.
