La concertada rechaza la cruzada contra la libertad educativa de Celaá

La patronal de la escuela concertada sigue en pide de guerra contra el Gobierno y su polémica LOMLOE, más conocida como Ley Celaá. La agrupación Escuelas Católicas insiste en redoblar la «defensa de la educación como mejor inversión para el futuro de un país» ante el «escenario de dificultad» planteado por el coronavirus.

«Estamos convencidos de que la escuela católica tiene un papel fundamental en el contexto actual para dar respuesta a los retos educativos», expresa la organización. La entidad que agrupa a la educación católica pone en valor su labor y su necesidad en la enseñanza pese a los planes de la ministra de Educación, Isabel Celaá. 

Escuelas Católicas ha organizado su Asamblea General de 2020 de forma digital, donde han criticado con dureza la LOMLOE al acusarla de restringir «derechos fundamentales de los titulares de centros, padres y alumnos, relegando a la enseñanza concertada a un papel subsidiario de la pública, rompiendo el equilibrio y la complementariedad de redes establecida en la LOE de 2006».

La federación también pide que la tramitación de la polémica norma, que en la actualidad está en el Congreso, mientras dure el estado de alarma. Escuelas Católicas ha acusado al Gobierno de aprovechar para no mantener diálogo alguno con los grupos parlamentarios ni con la participación del conjunto de la comunidad educativa. 

Foco de la polémica

La ley tiene varios aspectos polémicos. Uno de ellos son los suspensos en bachillerato, ya que permitirá que se pueda otorgar el título con una asignatura suspendida. El Gobierno justifica esta medida como un «gran favor» a muchos estudiantes, aunque algunos lo consideran un castigo al rendimiento académico al rechazar la cultura del esfuerzo. 

La Religión también vuelve a ser objeto de polémica. La nueva ley dejará sin alternativa la asignatura de la confesión religiosa que elijan los padres. Dicho de otro modo, si el alumno no cursa la materia confesional, no tendrá otra espejo, que ahora son «valores» o «alternativa». Tampoco contará para hacer media ni subir nota, aunque la Conferencia Episcopal  plantará batalla al vulnerar el Concordato con la Santa Sede. 

La ley también restringe el uso del castellano como lengua vehicular en aquellas comunidades bilingües. El proyecto deja a merced de la Generalitat cuántas asignaturas se impartirán en catalán y cuantas en español, mientras que la ley actual prevé con idioma cooficial que autonomías paguen un colegio privado un padre pueda llevar gratis a un centro privado a su hijo si no hay oferta pública en español. 

El Gobierno pretende aprobar cuanto antes su proyecto educativo pese al rechazo frontal de la oposición. El ministerio de Isabel Celaá está dispuesta a aprobar a toda costa esta ley, que podría acabar en los tribunales por aspectos como la enseñanza religiosa o el papel subalterno que desarrollaría la escuela concertada.