¿Cómo se protege el PSC de su nueva corrupción?

El alcalde de Viladecans, el socialista Carles Ruiz, aseguró al resto de concejales que la Guardia Civil le había informado, durante el registro que practicó el miércoles en las dependencias municipales, que no estaban investigando a este ayuntamiento, ni tampoco a su alcalde, sino tan solo al primer teniente de alcalde, Joaquín Guerrero, que resultó detenido.

Ruiz, que también es miembro de la ejecutiva del PSC, de la cual es su secretario de Industria y Competividad, intentó sacudirse de encima cualquier responsabilidad en el caso Inipro, por el que se investigan las contrataciones de esta empresa de servicios sociales con diversos ayuntamientos socialistas.

Daniel Gutiérrez-Salgado, el único concejal de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) del consistorio, responsable de la cartera de servicios sociales y que garantiza la mayoría al PSC, confirma que Ruiz les aseguró que la Guardia Civil no le está investigando, ni a él ni a su ayuntamiento.

Subterfugios

La junta de portavoces de los grupos municipales ha acordado la convocatoria de un pleno lo antes posible para que el alcalde ofrezca explicaciones sobre el caso Inipro.

Los agentes registraron el domicilio particular del primer teniente de alcalde de Viladecans, su despacho en el ayuntamiento y la oficina municipal del departamento de Economía. Se llevaron cuatro expedientes de adjudicaciones a la empresa Iniciatives i programes SL (Inipro), una consultora de Viladecans especializada en la asesoría y dirección de proyectos sociales.

En la segunda fase de la operación anfiteatro, la Guardia Civil practicó el miércoles pasado 11 registros y detuvo a otras tres personas además de Guerrero: al ex jefe de gabinete del alcalde Tarragona hasta el pasado octubre, Gustavo Cuadrado; y a dos directivos del grupo Inipro, Ricard Campà y Enric Miró.

Raíces en Tarragona

Los grupos de la oposición en el consistorio de Tarragona relacionan la dimisión de Cuadrado en octubre pasado con las investigaciones del caso Inipro. El alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, declaró ante el juez en enero como inculpado.

Entre los grupos de la oposición tanto de Tarragona como de Viladecans cunde la sospecha que sus alcaldes han dispuesto un «cinturón sanitario» a su alrededor para esquivar las responsabilidades del caso Inipro. Sus principales colaboradores se han convertido en sus escudos.

El juzgado de instrucción número 1 de Tarragona investiga desde 2013 el llamado caso Inipro a raíz de una denuncia de la CUP. En principio, las investigaciones se centraron en unos contratos municipales, adjudicados sin los principios de publicidad y concurrencia, por un importe de 276.000 euros.

Al estirar del hilo de las contrataciones, los investigadores llegaron a Viladecans, el núcleo del caso Inipro, donde esta empresa tiene su sede central.

El núcleo del entremado bajo sospecha

Inipro ha facturado a este ayuntamiento más de 6,2 millones de euros entre 2008 y 2018, mediante una multitud de contratos que van desde la atención a los recién llegados de origen magrebí a la prevención del absentismo escolar, según una detallada investigación de CatalunyaPress.

En 1999, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigó Inipro por unos estudios encargados y pagados por el Ayuntamiento de Sant Boi, también gobernado por los socialistas, sobre la integración de la comunidad magrebí.

En los ayuntamientos de Viladecans y de Hospitalet de Llobregat se crearon comisiones de investigación. Todas estas indagaciones se cerraron sin consecuencias para la empresa.

Socialistas como clientes

Desde que se fundó en 1990, Inipro y sus empresas filiales Itinere Serveis Educatius y Educare XXI, ha trabajado para multitud de ayuntamientos, mayoritariamente socialistas, pero también de otros colores políticos.

En el perfil de Linkedin de Enric Miró, directivo de Itinere detenido el miércoles pasado, figuran decenas de proyectos sociales con multitud de ayuntamientos, entre los que se encuntra Barcelona, pero también el Prat de Llobregat, Sant Cugat del Vallès o Matadepera, donde los socialistas no haqn gobernado durante los años de actividad de la empresa investigada.