Colau recurre la anulación del contrato de la luz
Colau se ve obligada a repetir el concurso del suministro del alumbrado público y a formalizar un contrato puente para evitar que la ciudad se quede a oscuras
“Quizá no se hizo una formulación correcta”. Esta es la única autocrítica que asumió el concejal de energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, después de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público haya anulado el concurso para suministrar electricidad para el alumbrado público y los edificios municipales. “Estamos innovando, queremos ir más allá” en la aplicación de medidas de pobreza energética, se justificó el concejal. Sin embargo, fue tan allá que se pasó.
El Ayuntamiento de Ada Colau recurrirá la anulación del concurso eléctrico ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero como la sentencia se puede demorar años, preparan una nueva licitación en un plazo máximo de seis meses. Hasta entonces, formalizarán un “contrato puente” de tres meses, prorrogable por tres meses más.
El actual contrato de luz finaliza el próximo 25 de marzo. Para entonces, el concejal confía en haber subscrito el contrato puente, que adjudicarán mediante un procedimiento negociado. Invitaran a las pequeñas y medianas operadoras que se presentaron al concurso anulado, pero también dejan la puerta abierta a las grandes compañías como Gas Natural y Endesa. Esta última presentó el recurso ante el tribunal de contratos que ha obligado a repetir el concurso.
Las grandes compañías no se presentaron al concurso porque no especificaba las obligaciones de la cláusula de pobreza energética y, por tanto, les suponía asumir un compromiso a ciegas. Desde Endesa y Gas Natural se precisa que para las pequeñas operadoras no conlleva ningún riesgo la cláusula de pobreza energética porque apenas tienen clientes en Barcelona.
Badia dice que no piensa dar “ningún paso atrás”
Después de la anulación del concurso eléctrico, para evitarse problemas, la cláusula relativa a la pobreza energética del contrato puente será una copia de la que figura en los contratos marco de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Sin embargo, a Badia no le convence su planteamiento y sigue empeñado en ir más allá. Asegura que las políticas sociales que propugnan “han venido para quedarse. No daremos ningún paso atrás”.
Badia ha anunciado que cuando vuelvan a licitar el contrato eléctrico mantendrán la obligación de cumplir con la ley catalana 24/2015, relativa a la pobreza energética. Obviamente, no será con la misma cláusula que ha anulado el tribunal de contratos. Insiste en que sólo podrán concurrir las empresas que firmen convenios comprometiéndose a cumplirla.
El Ayuntamiento pide auxilio a la Generalitat
Este mismo viernes, el concejal Eloi Badia ha contactado con el consejero de Empresa de la Generalitat, Jordi Baiget. Han acordado la creación de un grupo de trabajo conjunto para concretar las medidas en pobreza energética que se exigirán en los contratos públicos.
Badia siempre ha hecho gala de su fobia por las grandes compañías del sector, a las que define como el “oligopolio eléctrico”. En rueda de prensa, se refirió, sin mencionarlas por su nombre, a las “multinacionales que presentan balances millonarios” y que, en su opinión, “son parte del problema y no parte de la solución”.
