Colau sanciona a Endesa por impagos
La compañía eléctrica Endesa acepta un error de cálculo entre el 2011 y el 2015 pero rechaza otras deudas
El Ayuntamiento de Barcelona ha detectado impagos a las arcas públicas municipales por parte de las compañías eléctricas que operan en la ciudad. Dichos impagos corresponden a Endesa y a comercializadoras de energía. De momento, la eléctrica ha aceptado un error en el cálculo de las tasas que tenía que haber abonado entre los años 2011 y 2015 por valor de un millón de euros. Sin embargo, ha rechazado otras deudas que se le han atribuido.
La compañía ha asumido el error de cálculo, aunque manifiestan discrepancias con «puntos de suministro que en la base de datos de Endesa constaban como situados en municipios colindantes y en la del ayuntamiento como en Barcelona», según avanza El Periódico. No obstante, la compañía eléctrica sí se ha mostrado totalmente reticente a pagar otras cantidades reclamadas. Es el caso de 300.000 euros de una sanción que le ha impuesto el ayuntamiento y otra multa de 1,8 millones por impago de tasas pendientes.
El origen del conflicto es un impuesto regulado desde hace veinte años conocido como la tasa por la utilización privativa de las empresas suministradoras.
Todo responde a un problema derivado de que cada empresa pagaba la tasa según sus propios cálculos. Son muchos los consistorios que reclaman desde hace tiempo a Industria que haga públicas las cifras panorámicas de las que dispone.
Esto permitiría certificar si la suma de los pagos que se realizan a todos los ayuntamiento de España se corresponde con el 1,5% de los ingresos brutos de cada una de las empresas.
Colau vuelve a enfrentarse con las grandes eléctricas
La alcaldesa vuelve a protagonizar otro episodio marcado por la tensión con las grandes eléctricas después de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público rechazara el concurso municipal de suministro de luz del Ayuntamiento de Barcelona, que había sido impugnado por Endesa y Gas Natural.
Este concurso estaba valorado en 65 millones. Su rechazo implicó que el consistorio tuviera que presentar un nuevo programa.
