Colau endosa el problema del alquiler en Barcelona al Gobierno
Barcelona en Comú pide al Gobierno que declare la ciudad "área de mercado tensionado" para limitar los incrementos en los precios del alquiler
El Ayuntamiento de Barcelona redobla la presión al Gobierno para salvar su impotencia ante la escalada de precios del alquiler en la ciudad. Barcelona en Comú (BeC) lleva al pleno municipal de este viernes una propuesta de declaración institucional que insta al Ejecutivo a reformar de forma urgente la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) «para proteger los derechos de los inquilinos».
La declaración de BeC incluye una reivindicación tradicional del equipo de gobierno, alargar la duración de los contratos de tres a cinco años, la extensión anterior a la reforma de la LAU aprobada por el PP en 2013. Además, solicita limitar los aumentos de precios «entre contrato y contrato» para impedir «alquileres abusivos». La renta media de los contratos firmados en 2017 alcanza los 877 euros al mes.
El grupo de la alcaldesa, Ada Colau, quiere que se declare Barcelona «área de mercado tensionado» donde se aplique un sistema de «contención de alquileres» determinado por un indicador que establezca los precios en función de variables como la renta familiar disponible, la superficie del piso, el estado de conservación, el año de construcción, la calificación energética o el acceso a servicios públicos y privados en la zona.
Apoyo del PDeCAT, ERC y el PSC
«Si el Estado no está dispuesto a reformar la LAU, que otorgue las competencias en materia de alquiler a las comunidades autónomas y grandes municipios que lo soliciten», reza el texto presentado al plenario municipal por BeC. La propuesta saldrá adelante con el apoyo de al menos tres grupos municipales, el PDeCAT, ERC y el PSC, según confirman fuentes de los tres grupos a Economía Digital.
El PP acusa a Colau de traspasar al Gobierno su responsabilidad en la crisis de la vivienda en Barcelona
Los grupos liderados por Xavier Trias y Jaume Collboni negocian enmiendas a cambio de su apoyo a la declaración, mientras que el PP votará en contra al entender que la propuesta traslada al Gobierno la responsabilidad del equipo de gobierno de Colau en la crisis de vivienda en Barcelona. Ciudadanos, por su parte, no avanza el sentido del voto.
Promesas pendientes de vivienda social
Barcelona en Comú también presenta al pleno de este viernes una proposición de declaración institucional para «forzar la ampliación del parque público de viviendas», que apenas se ha incrementado en 180 viviendas en lo que va de mandato, según denuncia la oposición.
El pleno pedirá reservar el 30% de las nuevas construcciones a vivienda protegida
El texto, redactado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicat de Llogaters y la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, entre otras entidades, aboga por destinar a vivienda de protección oficial el 30% de los edificios de nueva construcción o sometidos a rehabilitación integral. La moción de la PAH saldrá adelante con el apoyo de al menos cinco grupos, BeC, PDeCAT, ERC, PSC y Ciudadanos. El PP votará en contra.
Más allá de declaraciones simbólicas, el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, confía en alcanzar las 800 viviendas sociales construidas a final de mandato, cuando espera que se encuentren en construcción otros 3.300 pisos asequibles. Abaratar el acceso a la vivienda fue una de las principales promesas electorales de Colau, que en el Plan por el Derecho a la Vivienda se comprometió a construir 3.541 pisos sociales hasta 2020.
