Círculo de Economía: diálogo, sí; desobediencia, no
El Círculo de Economía que preside Javier Faus sale en defensa del derecho de manifestación, pero recalca que se oponen a la desobediencia y a la huelga
Después de conocerse la sentencia del procés, el Círculo de Economía hizo un llamamiento a defender el diálogo y el autogobierno de Cataluña. Recordaron que siempre han estado en contra de la desobediencia o de paralizar la economía mediante una huelga general.
Mediante un comunicado, el lobby empresarial que preside Javier Faus manifestó su “respeto” a la sentencia del Tribunal Supremo pero sin abstraerse de “la carga emocional y el sufrimiento” que conlleva la condena de los dirigentes independentistas juzgados.
Ante esta sentencia, el Círculo de Economía pidió “serenidad”. Subrayó el “respeto al derecho a la manifestación y a la plena libertad de expresión”, tal como recoge la Constitución, pero advirtió que “siempre estará en contra de posiciones que promueven la desobediencia o la paralización de la actividad económica”. Por lo tanto, son críticos con la huelga general convocada por sindicatos y organizaciones independentistas para el próximo 18 de octubre.
El Círculo de Economía apela a abandonar las “posiciones que inviten al bloqueo, la polarización o la aplicación de medidas que limiten el autogobierno de Cataluña”, como el artículo 155 de la Constitución.
Este influyente lobby empresarial insiste en que “es el momento de hacer política en mayúsculas. Cataluña requiere soluciones políticas con urgencia. No podemos seguir aceptando la parálisis, el inmovilismo y la cronificación de un problema que es eminentemente político y que persiste”.
El comunicado del Círculo de Economía se recalca que “el encaje entre Cataluña y el resto de España se debe abordar con coraje, generosidad y voluntad de transacción”. Sobre la propuesta que formularon en 2018 para facilitar este encaje, indican que quizás no sea la mejor de las propuestas, pero como mínimo pone en evidencia que “hay alternativas”.
CC.OO, UGT, ANV y Òmnium, juntos en un manifiesto
Más de un centenar de entidades catalanas difundieron este lunes un manifiesto conjunto en el que lamentan que la sentencia del procés signifique “la culminación de la judicialización de la política, punto al que nunca se debería haber llegado”. Entre los firmantes están organizaciones independentistas como Òmnium o la Asamblea Nacional catalana (ABC), pero también los sindicatos CC.OO y UGT, así como las patronales y asociaciones empresariales como Cecot o Femcat.
Este manifiesto expresa el “desacuerdo” con la sentencia del Tribunal Supremo, “que no resuelve el conflicto político” y denuncia “la injusticia” a la que se enfrentan los condenados. Los firmantes se comprometen a trabajar para conseguir su libertad.
Aunque no figura entre los firmantes del anterior manifiesto, la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana Pimec indicó que la sentencia no ayudará a resolver el conflicto, “todo lo contrario”. La patronal que preside Josep González pidió a los partidos políticos que actúen con más “perspectiva y grandeza que nunca”. “El respeto, el diálogo y la cooperación entre las diversas opciones es imprescindible para una saludable normalidad democrática”, indican en un comunicado.
Foment del Treball, la patronal liderada por Josep Sánchez-Llibre, ya anunció con antelación que “respeta” la sentencia y llamó a la “responsabilidad” para garantizar la convivencia. En un comunicado, indicaron que “se abre una nueva etapa política para que, desde el respeto mutuo, siempre dentro de la legalidad, se pueda superar el callejón sin salida actual entre Cataluña y el resto de España”. Proponen que, “a través del pacto”, se facilite la recuperación de la estabilidad y la normalidad institucional.
La CEOE mostró este lunes su “respeto más absoluto” por la sentencia. En una escueta nota, la patronal presidida por Antonio Garamedi indica que “la ley es la base de la democracia” y , por lo tanto, en el marco constitucional debe desarrollarse la “normalidad política y económica”. La CEOE confía en que después de la sentencia se abra en España una “nueva etapa de estabilidad democrática”.
