CEOE cuestiona la apuesta del Gobierno por el diálogo social
La CEOE insiste en que no tiene sobre la mesa propuestas en firme sobre las reformas laborales que anuncia el Gobierno
Pablo Iglesias, José Luis Escrivá y Antonio Garamendi tras una conferencia de Pedro Sánchez en Casa de América, el 31 de agosto de 2020 | EFE/Mariscal/Archivo
La CEOE pone en duda la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por el diálogo social después de anunciar derogaciones de la reforma laboral, para este mismo año, sin contar con la opinión de los empresarios.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, subrayó tras el consejo de ministros del martes el supuesto compromiso del Gobierno por el diálogo social con patronal y sindicatos para crear “empleo digno”. En las últimas horas se han desgranado cambios en materia laboral con las que la patronal está en desacuerdo.
Fuentes de la CEOE apuntan que “el diálogo social está para hablar de lo que haga falta, de mejoras del marco laboral, pero no para derribar una ley”, en referencia a la reforma laboral impulsada por el gobierno del PP en 2012.
Estas fuentes aseguran que no tienen sobre la mesa ninguna “propuesta en firme” sobre derogaciones de la reforma laboral. Como han advertido en otras ocasiones, la gran patronal española insiste en que, ante la situación de excepcionalidad provocada por la pandemia de coronavirus, con riesgo de rebrotes, “no es el momento de plantear cambios estructurales en la legislación laboral”.
Desde la CEOE se subraya que los anuncios del Gobierno generan “incertidumbre”. “Las empresas vuelven a tener la inquietud sobre lo que va a pasar con las reglas del juego”, aseguran.
En declaraciones a Onda Cero, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lamentó que se genere “inseguridad jurídica” y pérdida de confianza. Sobre los anuncios del Gobierno sobre derogaciones de la reforma laboral, insistió en que «ni son formas ni tiempos y, sinceramente, me parecen una locura y una irresponsabilidad».
Desde el Gobierno se van filtrando cambios normativos sobre los que, en algunos caos, existen diferencias de criterio entre los ministros de Podemos y la vicpresidenta económica, Nadia Calviño.
Las prisas de las ministras de Podemos
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene prisa en derogar antes de que acabe este año tres aspectos de la reforma laboral relativos a la ultraactividad de los convenios, al convenio sectorial y a la subcontratación.
La ultraactividad hace referencia a los convenios colectivos vencidos que, en caso de renovarse en el plazo de un año, pierden su vigencia y es de aplicación el convenio colectivo de ámbito superior.
También se prevé acabar con la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales, como ocurre en la actualidad. Los sindicatos apoyan esta medida.
Además, a petición de los sindicatos, el Gobierno defiende que en las subcontrataciones se apliquen los convenios sectoriales del ramo. Con eso pretenden evitar que se pague a los trabajadores por debajo de lo que marcan estos convenios.
La ministra de Trabajo y la de Igualdad, Irene Montero, lanzan más propuestas laborales. El Confidencial informó este miércoles que estos dos ministerios, en manos del Podemos, preparan una normativa sobre “transparencia retributiva” que obligaría a las empresas de más de 50 trabajadores a “publicar” las tablas salariales con el objetivo de corregir posibles desigualdades de género.
Fuentes de la CEOE indican que, en las reuniones mantenidas hasta ahora con Gobierno y sindicatos, nunca se planteó la “publicación” de las tablas salariales. Recuerdan que en junio se tiró adelante un documento sobre igualdad retributiva en el que, pese a que la CEOE no estuvo en el acuerdo, compartía el fondo de la cuestión. Insisten en que la parte del documento relativo a la igualdad estaba “pactado”, pero que se se añadieron aspectos de la reforma laboral que no gustaron a la patronal. Finalmente, no apoyaron el acuerdo, pero no por una cuestión de fondo sino de forma.
Tal como se planteó la obligación de las tablas salariales, no eran para publicitarlas como se hace con los resultados económicos de las empresas, sino que su tratamiento sería similar al actual registro horario: este debe estar a disposición de Inspección del Trabajo y de los representantes de los trabajadores, pero no se publicitan sus datos.
