¿Catalunya paga? No, el Estado redistribuye y los ciudadanos se benefician

“Habrá balanzas fiscales, pero con muchos más ingredientes”, asegura uno de los tres académicos encargados de realizar las “cuentas públicas territorializadas”, como las ha rebautizado el ministro Cristóbal Montoro.

El objetivo es saber cuáles son los efectos redistributivos de la administración central, saber quién lo soporta y quién se beneficia. La idea es desbrozar todos los datos, y compararlos de forma homogénea, siguiendo el método de carga-beneficio.

Los investigadores, Ángel de la Fuente, del CSIC; Ramón Barberán, de la Universidad de Zaragoza;  y Ezequiel Uriel, de la Universidad de Valencia, por tanto, quieren separar todas las partidas económicas que se puedan asignar territorialmente de las que no obedecen a ese criterio. Con ello, la pretensión es saber si una comunidad está mejor o peor tratada en términos per cápita. Es decir, no se trata de ver qué sale y que entra de una comunidad, porque se habla de servicios públicos que reciben individuos concretos.

Objetivo: la equidad

Ángel de la Fuente, investigador del CSIC, lo explica con convicción. La intención es ver “la equidad” en esos servicios públicos, y cómo afectan o benefician a los ciudadanos. Por tanto, no es tan importante, se afirma, saber dónde se localizan más gastos, como el militar, debido a necesidades concretas, como ver el gasto per cápita de servicios de protección policial que pueden marcar diferencias en colectivos que, en teoría, deben tener los mismos derechos.

En estos nuevos cálculos se incorporan, como una más, las comunidades forales, el País Vasco y Navarra, y se podrá ver en qué situación están sus ciudadanos respecto al resto.

Resultados neutralizados

Como siempre se ha hecho con las balanzas fiscales, los gastos de la administración central también incorporan los de la Seguridad Social. Se trata de saber todo lo que se gasta en los territorios para servir a los ciudadanos. De la fotografía final se podrá ver, también, si las comunidades están bien o mal financiadas.

Los resultados del cálculo se neutralizarán. Eso quiere decir que no se tiene en cuenta el ciclo económico. La neutralización implica que el Gobierno, según el ejercicio teórico que implica las balanzas fiscales, cerró un determinado año con un presupuesto equilibrado –la realidad es muy distinta, porque presenta déficit. Pero si no se neutralizara podría suceder que todas las comunidades tuvieran supéravit fiscal, al tener que repartir la deuda del Estado entre los diferentes territorios.

¿Qué resultados tenemos?

El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, presentó en la anterior legislatura las balanzas fiscales del 2010, con los resultados neutralizados. En eso hay un consenso entre el mundo académico. Con el método del flujo monetario, que trata de explicar el impacto del gasto del Estado en un territorio, Catalunya tuvo un déficit fiscal en 2010 de 16.543 millones de euros, el 8,5% del PIB, al que se agarran los independentistas.

Con el otro método, el de carga-beneficio, que mide los efectos redistributivos de ese gasto, el déficit fue de 11.258 millones de euros, el 5,8%. La diferencia es sustancial.

¿Déficit homologable?

Y ese 5,8% es, según Ángel de la Fuente, homologable con otras regiones de renta similar a la de Catalunya en otros países europeos, o compuestos, como Estados Unidos o Australia.

De la Fuente, en un reciente trabajo académico, bajo el ilustrativo título de ¿Maltrato fiscal?, concluye que los saldos fiscales de algunas regiones españolas “son tan problemáticos como sus niveles de financiación”.

Pero añade que “no se ven signos por ningún sitio de que el sistema le tenga a Catalunya una especial ojeriza”.

La idea es que “tanto en términos de financiación como de saldo fiscal, la región está básicamente donde le toca cuando la comparamos con otras regiones españolas y extranjeras con niveles de renta relativa similares”.