Catalunya, Baleares y País Vasco impiden 22 millones de ahorro en embajadas
El Gobierno topa con la negativa de las tres autonomías a fusionar sus 140 oficinas exteriores, opción prevista en la reforma de las administraciones públicas impulsada desde Moncloa
El gasto redundante que generan las comunidades autónomas aún está lejos de embridarse, al menos en el capítulo referente a las oficinas de representación exterior, las conocidas embajadas autonómicas.
El Estado sólo ha logrado ahorrar cuatro millones de los 22 previstos si todos los gobiernos regionales cumplieran con la reforma de las administraciones públicas, impulsada desde Moncloa. El plan propone fusionar las oficinas y ubicarlas en las embajadas españolas.
Centenares de oficinas
Catalunya, Baleares y País Vasco se han negado a participar, por lo que bloquean el objetivo final de este capítulo de la reforma. Los tres gobiernos regionales mantienen abiertas 140 sucursales, según el último recuento.
El impacto sobre el erario de mantener esas embajadas autonómicas lo ha dado a conocer el ministerio de Exteriores en respuesta parlamentaria escrita a una pregunta formulada por UPyD.
En el mismo escrito, el Gobierno recuerda que desde la oferta pública realizada en enero de 2012, catorce comunidades autónomas sí han firmado acuerdos de colaboración para la integración del personal de sus oficinas en los locales de las representaciones de España en el exterior.
Catorce autonomías renuncian a las embajadas
Además, según estos protocolos, las oficinas de cooperación para el desarrollo de las autonomías se han integrado en su mayor parte en las oficinas de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID).
Los gobiernos firmantes con Exteriores son el riojano, el valenciano, el castellano leonés, el castellano manchego, el gallego, el asturiano, el navarro, el canario y el extremeño. Otras cinco autonomías han anunciado su próxima incorporación.
