Castro sienta a la infanta Cristina en el banquillo

El juez José Castro ha decidido sentar en el banquillo de los acusados a la hermana del rey Felipe VI  por el caso Nóos.

En concreto, Castro asegura que era cooperadora necesaria de dos delitos fiscales al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase más de 300.000 euros a Hacienda a través de la sociedad Aizoon.

En el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, que ha dictado Castro este lunes, se ha decidido no aplicar sobre la infanta Cristina la denominada doctrina Botín. Esta doctrina impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel.

Anticorrupción y la Agencia Tributaria no ven indicios criminales

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón.

En su resolución judicial, Castro apunta que la mujer de Urdangarin contribuyó, como socia de Aizoon, a que su cónyuge facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y así tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.

Aizoon, una mercantil fantasma

Para justificar su petición de ocho años de cárcel –cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales–, Manos Limpias considera que Cristina de Borbón incurrió en una agravante y fue la de haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.

De hecho, Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente urdido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres con el objetivo de desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos desde las Administraciones públicas. Mediante esta trama ambos se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.