Puigdemont paga su fuga con dinero público, según una investigación
El juez Joaquín Aguirre sospecha que el expresidente de la Generalitat pudo haber recibido dinero procedente de fondos públicos el pasado junio
La Guardia Civil y el juez Joaquín Aguirre investigan si Carles Puigdemont sigue recibiendo dinero público procedente del desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona. Según la causa abierta que mantiene el magistrado, el expresidente de la Generalitat habría recibido cerca de dos millones de euros en seis años que estarían destinados a financiar tanto su estancia en Bruselas como parte del entramado del ‘procés’.
Las pesquisas se centran en el ex responsable de relaciones internacionales de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Víctor Terradellas, y en Miquel Casals, muy próximo al círculo cercano de Puigdemont. De hecho, la Guardia Civil intervino una conversación entre ambos, realizada el pasado 20 de junio.
«Puigdemont quiere seguir viviendo en Bruselas de diputado e ir haciendo dinero, seguramente acabará en un piso», le dice Casals a Terradellas, al que le explica que al expresidente catalán. También esgrime que sus fondos se están acabando, a lo que el ex miembro de CDC responde: «Bueno, solo te diré que ha venido a verme un amigo mío pidiendo 100.000 euros». «La excusa era esta, que yo sabía que en agosto se nos acaba el dinero», dice Terradellas.
En otro de los momentos de la conversación se llega a afirmar que Puigdemont «ha sido un fracaso» e incluso los implicados aseguran que han «desaprovechado» la «gran oportunidad» que tenían. «Del 1 al 27 de octubre lo teníamos ganado», es otra de las frases escuchadas en la grabación de la Guardia Civil.
Una macrooperación con 29 detenidos, el inicio
La investigación que lidera el juez Aguirre lleva en marcha más de un año. Concretamente, en mayo de 2018, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional detuvo a 29 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Barcelona, el convergente Salvador Esteve, en una macrooperación por desvío de fondos públicos.
En el auto judicial consta que el mecanismo para apropiarse de dicha partida se realizaría a través de las entidades Catmón e Igman, de las que también fue responsable Terradellas. Esas subvenciones públicas se ingresarían en las arcas de ambas fundaciones para poder obtener el dinero en efectivo.
Este operativo tuvo su continuidad hace unos días, cuando la Guardia Civil detuvo a cuatro personas, entre ellas el director general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, y la exconcejala del PdeCat, Maite Fandos, por presunta malversación de caudales públicos. Es aquí donde el juez Aguirre ha centrado su atención, en concreto, en dos subvenciones concedidas al desarrollo a través de iniciativas deportivas de Bosnia y Congo, por una cantidad total de 100.000 euros.
Esa es la cantidad que viene escrita en una libreta incautada en la oficina de Terradellas. Al lado de la cifra figura el nombre de Puigdemont, al lado del mismo importe que presuntamente habría pedido en junio y del que hablaban Terradellas y Casals en la conversación telefónica.
