Carles Puigdemont demanda al Estado español en Bélgica
Los abogados del ex presidente catalán aprovechan la solicitud de España de personarse en la causa contra Pablo Llarena para ampliar la demanda
La demanda de Carles Puigdemont contra Pablo Llarena ya no tiene como acusado solo al instructor de la causa del «procés», sino también al Reino de España. Los abogados belgas del ex president quieren elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por «violaciones sistémicas» del derecho europeo contra la «minoría catalana».
Los letrados avanzaron la demanda a mediados de 2018, coincidiendo con el relevo en la Moncloa que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. El Ejecutivo socialista primero rechazó defender a Llarena y, después de la lluvia de críticas, se retractó y contrató a un bufete belga para defender al magistrado.
Paralelamente, en las vistas preliminares del caso, la defensa de Llarena cuestionó la jurisdicción de las Cortes y Tribunales belgas y solicitó que España pudiera personarse en la causa. La petición prosperó y, por ello, los abogados de Puigdemont interpretan que pueden ampliar la demanda al Reino de España.
El Gobierno pretende «asumir la responsabilidad de los actos de su órgano», explica un escrito de la defensa de los políticos catalanes, en alusión al argumento de España de que los actos imputados a Llarena eran «de uno de sus órganos», razón por la cual se apersonó de forma «voluntaria» en la causa.
La defensa de Puigdemont acusa a España de violaciones a la «minoría catalana»
Las violaciones al derecho europeo de España contra «la minoría catalana», según los demandantes, están relacionadas a «sus movimientos políticos que buscan la independencia regional y sus representantes, en violación de los principios que residen en el Estado de derecho», informó Europa Press.
También cuestionan la inmunidad de jurisdicción que alega España para pedir que el fondo de este caso no sea examinado en los tribunales belgas y sostienen que se han violado varias directivas europeas que afectan a los procesos penales, además de atentado a los derechos fundamentales de los líderes independentistas.
Las órdenes de detención y entrega europeas «abusivas» y que se les negara declarar por videoconferencia cuando fueron citados por la Justicia figuran entre las razones evocadas por la acusación contra Llarena y España. La orden de detención dictada en España contra la libre circulación de los reclamados vulnera el principio de ciudadanía europea, alegan.
El objetivo de los abogados de Puigdemont es que el tribunal de Bruselas que examina el caso presente una cuestión prejudicial ante el TJUE para que se pronuncie sobre si la inmunidad que alega España en este caso es compatible con el derecho comunitario.
Se espera un procedimiento de «largo recorrido», dijo uno de los letrados de los políticos independentistas, Gonzalo Boye. El intercambio de alegaciones sucederá durante todo este año y la vista oral seguramente se producirá en el primer semestre de 2019.
