Báñez acelera para finiquitar el monopolio de sindicatos y patronales
El Gobierno se activa para negociar con los agentes sociales una reforma radical que traerá libre competencia
La ministra de Empleo, Fátima Báñez (PP), acelerará las conversaciones con patronales y sindicatos para acabar con el monopolito que durante dos décadas permitía a los agentes sociales controlar los cursos de formación a parados. Este sistema ha derivado en una fuente de financiación alternativa ya que la organización de los ciclos daba acceso al 20% del presupuesto en concepto de “gastos asociados”.
Sindicatos y patronales tienen buena disposición a negociar; al menos es lo que ha constatado el Gobierno en una primera toma de contacto. La gestión de los fondos de formación ha dado pie a los últimos escándalos que se han producido en UGT Andalucía y en distintas patronales, de modo que tanto sindicalistas como patronos podrían limpiar la imagen aceptando un replanteamiento radical del sistema, que lleva en pie desde 1993.
Habrá competencia
La intención del Gobierno es abrir la formación a la competencia. En el debate del estado de la Nación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), introdujo la necesidad de avanzar en esa dirección. Lo hizo sabiendo que sus declaraciones en sede Parlamentaria no provocarían un choque con los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo respectivamente.
La ministra Báñez había sondeado antes a ambos. “Creo que ya no existen dudas de que, tras décadas de funcionamientos del actual sistema, el actual sistema no ha tenido los resultados que todos queremos”, dijo Rajoy tras recibir garantías sobre la predisposición.
Transparencia y concurrencia
De este modo, el nuevo modelo se regirá por los principios de transparencia y libre concurrencia, informa El Mundo. Tras la reforma, el curso estará sometido a la evaluación permanente de los resultados con criterios de empleabilidad. Es decir, el Gobierno se asegurará de que la formación desempeña la función de palanca de acceso al mercado laboral, de mantenimiento y de retorno al empleo.
Los centros homologados impartirán la nueva formación, aunque no estén vinculados a los agentes sociales como en el pasado. El Gobierno también pretende acabar con la opacidad que, sobre todo en las comunidades autónomas, persiste en el negocio del reciclaje de parados. La reforma laboral ya dio el primer paso para abrir parte del sistema a la competencia, pero patronal y sindicatos aún controlan el grueso del modelo. Actualmente mueven más de 2.000 millones al año.
