Anticorrupción tiene lista la acusación por el fraude del Puerto de BCN

La investigación por el fraude de las obras del dique este del Puerto de Barcelona llega a su fin. El fiscal Anticorrupción, Fernando Maldonado, ha solicitado la apertura de juicio al juzgado de instrucción número 5 de Barcelona. En su escrito, pide también levantar la acusación a varios imputados. Entre ellos, destaca la figura del ex subdirector general de infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), Rafael Escutia.

La causa se centra en un presunto fraude durante las obras ejecutadas para construir el dique tras su licitación en 2001. El fiscal señala que existió una confabulación entre la UTE Dique Este –conformada por FCC, Construcciones Rubau, Ferrovial y Copisa–, ganadora de la licitación, y unos de sus proveedores de piedra, Coterras, para facturar material inexistente y enriquecerse a costa del presupuesto de los trabajos. El giro fue de 11 millones de euros.

Piedras fantasmas

Maldonado asegura que “Coterras carece de la infraestructura necesaria para tal extracción [de piedra] y transporte”. El escrito, al que ha tenido acceso Economía Digital, también desmonta la teoría de que la empresa tenía otros proveedores como Escossora, Suministro de Escollera, Quuens Move y Barranc Furone. “Investigadas tales empresas, se desprende que las mismas carecen de trabajadores y que en realidad sus administradores son meros testaferros”, apunta.

El fiscal también incide en el hecho de que los camiones que trabajaban para Coterras no figuran en ningún registro. Ni facturas ni las anotaciones de entrada en el Puerto de Barcelona. Las defensas afirman ante la magistrada que estos transportistas trabajaban en negro (cobraban 30.000 euros al mes) y por eso pidieron el anonimato. “También resulta curioso que el único suministrador cuya piedra no fue pesada ni analizada fue la de Coterras”, indica.

Las explanadas

Para construir el dique, la UTE necesitó generar dos explanadas para depositar sus bloques de hormigón. Tras su uso puntual, estos terrenos pasarían a manos de la APB. La acusación del fiscal indica que la UTE, con el visto bueno del director de obra propuesto por la Autoridad Portuaria, Xavier Martí, recibió una compensación de 17 millones de euros. Para facturarlo, se incluyo ese gasto como bloques de hormigón en la factura de la obra principal.

Maldonado recuerda que los pliegos de la licitación estipulaban que “las instalaciones y obras auxiliares correrán por cuenta del contratista”.

Denuncias contra FCC y Copisa

El fiscal también considera que, al no existir material que se facturó, se produjo un delito de fraude fiscal ya que la UTE se pudo deducir el IVA de la compra de esta piedra, por valor de casi un millón de euros en dos años. Para afirmarlo en un informe de la Agencia Tributaria, que ya empezó a investigar a Coterras en 2004, 2005 y 2006.

La acusación se centraba especialmente en FCC y Copisa aunque finalmente han quedados excluídos de la acusación.

Acusados y enmendados

Por estos hechos, Maldonado apunta –en el escrito con fecha de 17 de septiembre– a los responsables de Coterras (Luis Requena y Esteban Colominas); los responsables de la UTE Dique Este (el gerente único, José Antonio Rubén de Celis; el jefe de la ejecución de la obra; Ramón Valero; y el jefe de la obra, David Espuña). El fiscal también señala a los responsables de la UTE Sener (Gonzalo Jiménez y David Colominas), encargada de controlar la calidad de la obra. Finalmente, hace responsable también al director de obra propuesto por la Autoridad Portuaria, Xavier Martí. Solicita la incoación de Procedimiento Abierto por delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa y por delitos contra la Hacienda Pública por fraude en el IVA de los años 2005 y 2006.

Maldonado solicita, en otro documento entregado la semana pasada, que se levante la imputación al ex subdirector general de infraestructuras del Puerto, Rafael Escutia. “Tras las diligencias instruidas, no consta indicio alguno que permita inferir su participación en los hechos investigados, ni que tuviera conocimiento de lo efectuado por Xavier Martí”. Además, pide quitar de la lista de acusados a los responsables de las empresas proveedoras de Coterras: Jaime Puntas, Luisa Guillaumes y Cecilia Guillaumes.

También pide que se archive las acusaciones al director general de Construcciones Rubau, Andrea Rossignani; al representante de FCC, Francisco Diéguez; al representante de Copisa, Agustín Jiménez; y a una empleada de la UTE, Ana Cáceres. La lista la completa Antonio Colominas y Álvaro Monfort.