Andorra y EEUU buscan blanqueo en BPA desde hace dos años

La colaboración entre la justicia de Andorra y la estadounidense para localizar importes ilegales a nombre de clientes de Banca Privada de Andorra (BPA) se remonta a prácticamente a dos años antes de la intervención del banco. El grupo de los Cierco ha colaborado en la investigación, según se desprende de dos autos dictados por la institución judicial equivalente a la Audiencia Nacional andorrana, el Tribunal de Corts.

Durante más de 20 meses, magistrados de ambos países han intercambiado comisiones rogatorias para acceder a los movimientos de diversos funcionarios venezolanos. En ese periodo de tiempo, permanecieron bloqueados, al menos, dos millones de euros dudosos. La medida cautelar la instó un juez de primera instancia andorrano. La actuación del fiscal habría partido de la comunicación voluntaria de BPA a la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF), aunque luego se ordenaron escuchas telefónicas.

Dilación venezolana

Los titulares investigados serían Gabriel Ignacio Gil Yánez y Norman Puerta Varela y su entorno de empresas, consideradas, instrumentales por el fiscal. Para esclarecer el origen de los saldos se solicitó ayuda a EEUU y Venezuela. La justicia estadounidense contestó parcialmente el requerimiento pero pidió más información. Despejó las dudas iniciales sobre el origen del dinero aunque señaló que podrían surgir nuevos indicios y animaba a seguir investigando.

Venezuela fue más dilatante en su respuesta y aportó escasísima información. Además, las indagaciones escrutaron movimientos en España, Francia y Ecuador. BPA facilitó a Andorra la información adicional sobre sus clientes que EEUU pidió en las respuestas. Las sospechas esenciales se basaban en las escuchas telefónicas, desarrolladas en 2011, pero no se disponía de pruebas documentales. Los datos bancarios adicionales se remitieron a Washington.

Medidas cautelares

El abogado de los sospechosos señaló el 28 de mayo de 2014 que sus clientes «ya han visto vulnerada su intimidad y comunicada toda la información bancaria a los EEUU». «Ya han visto bloqueado su dinero durante año y medio de investigaciones que no han clarificado el posible origen ilícito de los fondos».

La juez Anna Estragués, que asistió a todo el proceso, concluyó que «no se han aportado indicios de delito» en el Principado y que, por ello, «desestimaba» la petición del fiscal para que el dinero continuara bloqueado. Según se desprende del auto, el fiscal andorrano llegó a aportar «artículos de Internet injuriosos» para sostener los indicios de delito.

Última petición de información

La siguiente petición de información de EEUU se produjo el 12 de enero de 2015. Esta vez se relacionó con las cuentas de Andrei Petrov, de 50 millones de euros. Las dudas que generaba el cliente activaron la maquinaria del Tesoro estadounidense, que decidió dictar la orden contra BPA en marzo para hallar pruebas sobre el origen del dinero. La respuesta de Andorra, al no haber una investigación judicial abierta en este caso, fue más tibia que con los titulares venezolanos.