El Área Metropolitana de Barcelona paga deudas y cargos de una institución comarcal desaparecida
Las promotoras inmobiliarias del desaparecido Consejo Comarcal del Barcelonés mantienen una deuda de 45,5 millones de euros
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en un acto en 2020 | EFE/EF/Archivo
El Consejo Comarcal del Barcelonés (CCB) desapareció en noviembre de 2019, hace precisamente un año, pero se han mantenido las deudas millonarias que generó así como los sueldos de sus principales cargos administrativos. Todos estos gastos los asume ahora el Área Metropolitana de Barcelona (ACM), que preside Ada Colau.
Acuciado por la mala gestión de sus empresas públicas y por escándalos de corrupción, todos los grupos políticos del consejo comarcal acordaron en 2017 la disolución de este organismo en aras de la racionalización administrativa.
Su último presidente fue el socialista Francesc Josep Belver, primer teniente de alcalde de L’Hospitalet de Llobregat y mano derecha de Nuria Marín.
Después de que el parlamento catalán autorizase la disolución, la Generalitat publicó en septiembre de 2019 el decreto de liquidación y, en noviembre, se firmó el documento de traspaso de sus funciones, servicios, bienes y, por supuesto, de sus pasivos al Área Metropolitana de Barcelona.
Un año después, el gerente del extinto Consejo Comarcal del Barcelonés, Jaume Vendrell, y el adjunto a la gerencia, Joan Canyameres, aparecen en nomina del AMB. Constan como “personal eventual subrogado”. Según publicó el Diario Oficial de la Generalitat en mayo pasado, el primero recibe una retribución de 106.259 euros brutos anuales y, el segundo, de 61.275.
Dos empresas que cerrarán con números rojos
El AMB también heredó las dos promotoras públicas fundadas por el consejo comarcal: Regesa y Regesa Aparcaments. El proyecto de presupuestos metropolitanos para el próximo 2021 prevé que estas dos sociedades inmobiliarias cierren el ejercicio con pérdidas, de 1.16 millones de euros y 248.000 euros, respectivamente
La memoria presupuestaria indica que la deuda de Regesa en fecha 31 de julio de 2020 era de 45,5 millones de euros aunque asegura que “está garantizada con activos al 100%”. Sin embargo, señala que esta empresa “no genera suficiente liquidez para hacer frente a sus pagos mensuales”. Por ello, el AMB la socorrerá el próximo año con más de un millón de euros para aliviar su tesorería.
El grupo Regesa cuenta con 420 viviendas, 49 locales comerciales y 1.033 plazas de aparcamiento. De estos, la previsión para el próximo año es alquilar 407 viviendas, 28 locales y solo 518 plazas de parking. No se contempla iniciar ninguna obra nueva.
Desde 2012, Regesa afronta un proceso de reestructuración dirigido por Deloitte. Según la memoria, durante este período, la deuda vencida con proveedores ha pasado de 30 millones de euros a cero; la plantilla, de 55 empleados a 5; y la deuda con los bancos se ha reducido a 45,5 millones, que supone un tercio de la que tenía hace ocho años.
Para el próximo año, Regesa prevé unos ingresos de 2,3 millones de euros que no cubren unos gastos estimados en 3,5 millones de euros. Los costos de personal se elevan a más de 350.000 euros. Si se dividen por los 5 empleados que se mencionan en otro punto de la memoria, resulta un gasto de más de 70.000 euros anuales per cápita. Paga buenos sueldos pese a tratarse de una empresa en crisis.
Por su parte, Regesa Aparcaments contempla unos ingresos de 844.000 euros y unos gastos que se acercan a 1,1 millones.
La actividad de estas empresas se limita a la gestión de los alquileres porque los ayuntamientos que las impulsaron no les han hecho ningún encargo de obra.
Mediante el decreto de liquidación de la Generalitat y el posterior documento de traspaso de competencias, el ACM se convirtió en su accionista único.
