Agbar exige a Mas que deje a Acciona fuera de la gestión de ATLL

Aguas de Barcelona (Agbar) ha cumplido sus amenazas. La compañía liderada por Ángel Simón ha remitido este martes tres cartas al President de la Generalitat, Artur Mas, al consejero de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, y al responsable de Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, para que liquiden de forma inmediata el contrato con Acciona para gestionar Aigües Ter Llobregat (ATLL).

El letrado y catedrático de la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz Manchado, quien representa a Agbar, recuerda a los tres políticos que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (la antigua Oarcc) resolvió el concurso el 2 de enero de 2013 en una argumentación que ha sido respaldada tanto por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) como por el Tribunal Supremo.

Por lo que el Govern no tiene otra opción que proceder a liquidar el contrato y “abstenerse, en especial, de adoptar cualquier decisión que pueda ser interpretada como un beneficio, apoyo, consolidación o reconocimiento de la posición de ATLL Concesionaria [la sociedad con la que opera Acciona de la mano del banco brasileño BTG Pactual y un grupo de accionistas minoritarios entre los que se encuentran las familias barcelonesas Godia y Rodés] como gestor del servicio público”, según la misiva que ya está en manos de Vila y a la que ha tenido acceso Economía Digital.

Mas, el responsable político

El consejero de Territori i Sostenibilitat es quien debe resolver el contrato, ya que ha sido el departamento que dirige el que firmó el contrato con Acciona el 27 de diciembre de 2012. Muñoz Machado reconoce en las cartas que Vila debe ejecutar, pero señala al President como responsable de la decisión. Quien debe dar la orden política es Artur Mas “en su condición de máxima autoridad del Govern de la Generalitat”.

La carta que ha recibido Mas-Colell es a título informativo. En ella, el representante legal de Agbar le indica que el requerimiento a Territori i Sostenibilitat implica que su consejería debe “abstenerse, a partir de este momento, de realizar cualquier actuación en relación a ATLL Concesionaria que no esté relacionada con la liquidación del contrato”.

Desacato a la autoridad

Agbar informa al Govern que su actitud de desacatar primero la resolución del Oarcc y luego las del TSJC y la del Supremo está “conduciendo a una situación de grave riesgo para el servicio y de responsabilidad de la Generalitat”.

Tal y como informó este diario, los expertos en derecho administrativo consideran que el Ejecutivo de Mas incumple la normativa de la Unión Europea al no ejecutar el mandato del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, un órgano amparado por Bruselas. Incluso podría llevarle a un enfrentamiento por la vía de lo penal por desacato a la autoridad. “La resistencia al cumplimiento de actos administrativos eficaces y de las resoluciones judiciales tiene una gravedad que trasciende lo meramente administrativo”.

Indemnización a Agbar

En la misiva dirigida a Vila, la empresa con sede en Barcelona también indica que el Govern está “lesionando los intereses de SGAB (Agbar), que debería ser ya, se se hubiera excluido, como el Oarcc ordenó al licitador Acciona Agua, el adjudicatario y titular del contrato de ATLL”. Por lo que abre la puerta a reclamar indemnizaciones económicas por la tardanza en liquidar el contrato. “Existe responsabilidad patrimonial exigible al Departamento de que es titular”, afirma.

“Mi representada se reserva, naturalmente, todas las acciones que correspondan para restablecer la legalidad y exigir responsabilidades”, avisa Muñoz Machado.

Oferta económica

La contundencia de Agbar al exigir el cambio de gestor de ATLL también ha sido acompañada de una oferta económica. La compañía ha puesto 350 millones de euros sobre la mesa de Artur Mas para que pueda devolver el primer pago e indemnizar a Acciona. Con lo que la tesorería pública no sufriría ninguna nueva tensión real, más allá de tener que reformular las cuentas de 2012 y 2013 al tener que apuntar 1.000 millones más de déficit por la anulación del contrato.

Ahora, sólo falta un último paso político para poner fin a la guerra del agua en Cataluña.