Agbar reclama 13,5 millones de euros a Colau por "enriquecimiento injusto"

Agbar reclama al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) una deuda de 13,58 millones de euros por la actividad de saneamiento de aguas residuales. En un contencioso administrativo, la compañía acusa a la corporación supramunicipal que preside la alcaldesa Ada Colau de “enrequicimiento injusto”.

Después de que el pleno del AMB desestimara la reclamación de Agbar, esta compañía interpuso un recurso contencioso-administrativo, según informa Expansión. Este proceso se añade a la lista de conflictos entre Agbar y Colau.

Hace tres meses, el equipo de gobierno de Colau acusó a Agbar de sobrevalorar los activos que aportó a la empresa mixta Aigües de Barcelona (Abemcia) cuando se constituyó en 2013. El Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado sobre la constitución de la empresa mixta que se encarga del ciclo integral del agua. De esta sociedad, Agbar posee el 70%, Criteria el 15% y el AMB, otro 15%.

Continúa la pugna entre Agbar y Colau

El nuevo contencioso se refiere a la valoración de los activos de saneamiento y, más en concreto, a la red de depuradoras urbanas que aportó el AMB a la empresa mixta. En su momento, estas infraestructuras se valoraron en 50,5 millones de euros y, por ellas, el AMB obtuvo una participación accionarial del 15%. En el contrato se estipuló que la AMB realizaría aportaciones económicas anuales a Aigües de Barcelona para garantizar que el servicio fuese rentable.

Agbar denuncia que el AMB no ha realizado las aportaciones comprometidas. Estima su valor en 13,58 millones de euros. En el contencioso argumenta que se ha producido una “situación de enrequicimiento injusto” porque ha cobrado los dividendos de Aigúes de Barcelona sin realizar las correspondientes aportaciones. Subrayan que con ello se ha perjudicado al resto de accionistas.

En su momento se planteó que Aigües de Barcelona asumiera la explotación de la planta de tratamiento de lodos de Sant Adrià del Besós. Sin embargo, la AMB no traspasó esta instalación cuando venció el contrato en 2016. Colau optó por convocar un nuevo concurso público, pero fue impugnado. Todavía no se ha resuelto el contencioso.