Aforados: cuántos son y a quién afecta la reforma propuesta por Sánchez
En España hay 250.000 aforados, de los que 232.000 forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y 17.600 son autoridades
La eliminación de los aforamientos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que quiere aprobar mediante una reforma exprés de la Constitución tendría efecto sobre casi 250.000 personas, que son las que hoy en día están aforadas en España.
El aforamiento es una medida garantista pensada para evitar evitar en la medida de lo posible las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a alguien que ejerce un cargo público de cierta responsabilidad. Así, los aforados tienen derecho a que les juzgue un tribunal de rango superior al que juzgaría por los mismos delitos a un ciudadano de a pie, porque se entiende que es más difícil presionar a un tribunal superior que a un juzgado ordinario.
17.600 autoridades aforadas
La gran mayoría de aforados, 232.000, son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras que 17.600 son políticos, jueces, fiscales y otros altos cargos como los miembros del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o los defensores autonómicos.
Así, el Presidente y los miembros del Gobierno solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo, como los diputados en el Congreso y los senadores, mientras que los presidentes, consejeros y diputados autonómicos tienen que ser juzgados por los tribunales superiores de justicia de cada comunidad, salvo que sus respectivos estatutos de autonomía establezcan otra cosa. En ese sentido, Murcia, Canarias y Cantabria son los territorios que más avanzada tienen la supresión de los aforamientos.
El caso del procés, una excepción
La causa del proceso independentista en Cataluña es una excepción. Es el Supremo el que ha asumido el procedimiento contra los antiguos miembros del gobierno catalán al considerar que el delito que se les imputa, de rebelión, afecta al conjunto del Estado, lo que supera las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El del procés no es el único caso del Supremo que afecta a aforados. La senadora del PP Pilar Barreiro está investigada en el marco del caso Púnica, y el diputado de Podemos Diego Cañamero, aunque este por un posible delito de coacciones mientras formaba parte de un piquete durante una huelga, es decir, por un episodio que no tiene que ver con su función pública.
La reforma no afectaría a casos de corrupción
La diferenciación es relevante porque el gobierno prevé eliminar el aforamiento solo en casos como el de Cañamero, es decir, cuando el delito imputado no tenga que ver con el ejercicio del cargo que ostenta el acusado. Es decir, que con la reforma constitucional ya ejecutada, tanto Barreiro como los líderes del procés seguirían siendo juzgados por el Supremo. Y los imputados por corrupción seguirían siendo aforados.
La reforma planteada por Sánchez tampoco afectaría a la Familia Real. Felipe VI aparte, porque la figura del rey es considerada «inviolable» y exenta de responsabilidad por la Constitución, tanto los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofia, como la Reina Letizia y la princesa de Asturias son aforados desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón en 2014, coincidiendo con la abdicación.
