Ada Colau cometió cientos de irregularidades en los contratos del Área Metropolitana de Barcelona
La Sindicatura de Cuentas detecta "fraccionamiento indebido" en la contratación de la AMB, excesos con los importes y concentración con los proveedores
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
La Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha detectado irregularidades en centenares de contratos menores del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) adjudicados en el ejercicio de 2016, cuando este organismo supramunicipal ya estaba presido por Ada Colau.
Entre las irregularidades detectadas figuran la fragmentación de contratos para no rebasar el límite de gasto que obliga a concurso, la concatenación de convenios en beneficio de los mismos proveedores y también la superación de los importes máximos que permiten las normas para contratos menores.
El informe de la Sindicatura de Cuentas, que tiene como ponente al síndico Miquel Salazar, supone una severa amonestación a la gestión administrativa del AMB en 2016, que es el primer año completo en el que Colau ostentó la presidencia. También es la alcaldesa de Barcelona desde junio de 2015.
En 2016, el AMB tramitó 860 contratos menores por un importe total de adjudicación de 4,62 millones de euros aunque, finalmente, las obligaciones reconocidas se elevaron a 6,34 millones a causa del incremento del gasto.
Más de 100 contratos superaron el tope legal
De estos 860 contratos menores formalizados en 2016 y examinados por la Sindicatura, en 109 se superó el importe máximo que establece la ley. En su conjunto, costaron más de 2,5 millones de euros.
De estos 109 contratos, un total de 85 fueron para la provisión de servicios por un importe global de 1,8 millones de euros; otros 19 de suministros por cerca de 430.000 euros y 5 de obra por 275.000 euros.
La normativa establece que los contratos menores nunca deben superar los 15.000 euros para la prestación de servicios ni los 40.000 euros si se trata de obras.
Esquivar la ley
En el informe de la Sindicatura de Cuentas también se detallan irregularidades de otros 35 contratos menores por un importe conjunto de más de 270.000 euros que, si bien no superan el límite legal de gasto, se adjudicaron a un mismo proveedor y por el mismo objeto.
Se trata de un caso de fragmentación de contratos para esquivar la ley. La Sindicatura de Cuentas indica que estos contratos menores, en los que coincide proveedor y objeto, deben adjudicarse en un mismo procedimiento. Precisamente, eso obligaría a licitarlos mediante un concurso público con publicidad.
También se detectaron, por otra parte, otros 38 contratos menores que, pese a corresponder a objetos distintos, “forman parte del mismo tipo de prestación y se adjudicaron directamente a los mismos proveedores”, según precisa la Sindicatura. Se trataron, en estos casos, de redacciones de proyectos, asistencias técnicas, servicios topográficos, compras de material informático y estudios diversos que, en su conjunto, suman más de 468.000 euros.
La Sindicatura subraya que estos últimos contratos menores también debían adjudicarse mediante otros procedimientos que “garantizaran el cumplimiento de los principios de publicidad y libre concurrencia”.
Concatenación de contratos menores
En la revisión del resto de contratos menores del ejercicio 2016 se encontraron adjudicaciones de servicios —informáticos, de auditoría o, incluso, revisiones oftalmológicas al personal— que se prestan de forma periódica con carácter anual cuando, de acuerdo con la normativa legal, la duración de este tipo de convenios no puede superar el año ni tampoco prorrogarse.
La Sindicatura considera que en la concatenación de estos contratos “puede darse un fraccionamiento indebido”. Sin embargo, en el informe de la Sindicatura no se precisa en estos casos el número concreto de contratos menores de servicios que incurrían en esta situación ni su importe global.
Tras dejar en evidencia las deficiencias del sistema de contratos menores del AMB, la Sindicatura de Cuentas subraya que estas prácticas «requieren de un control más exhaustivo para evitar sobrepasar los límites establecidos y evitar concatenaciones de servicios recurrentes».
En 2016, la Autoridad Metropolitana de Barcelona manejó un presupuesto de 894 millones de euros. Aunque se trate de un órgano independiente de fiscalización del sector púbico catalán, las observaciones de la Sindicatura de Cuentas suelen caer en saco rato.
