Las asociaciones inmobiliarias tachan de «contraproducente» el tope al precio de los alquileres

El coordinador general de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, ha tachado este lunes de «contraproducente» la decisión del Gobierno de prorrogar el tope de subida del 2% a los alquileres hasta 2024.

Según Alfaro, la “inseguridad” y el “miedo” de los propietarios a tener que alquilar “a pérdidas” está llevando “a muchos arrendadores a no renovar, mediante prórroga, el contrato anual con el inquilino y a firmar nuevos contratos de arrendamiento con precios de mercado y, por tanto, más elevados, para cubrir costes y paliar los efectos de la inflación”.

Así, los contratos anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Arrendamiento de marzo de 2019, que se firmaron a tres años, estarían ahora “en fase voluntaria de prórroga anual y muchos de estos propietarios, que tienen que revisar los contratos, están optando ya por no renovar dicha prórroga en su próximo vencimiento”.

Aunque no se da una “cifra exacta de los hogares españoles en alquiler que se verán afectados”, Alfaro ha subrayado que estos propietarios “pueden denunciar el contrato en la fecha de vencimiento anual y hacer contratos nuevos, ya que no estarían sujetos al límite del 2% y podrán actualizar la renta a precio de mercado”.

Casting de inquilinos

Asimismo, ha indicado que esta situación “tensionará más el mercado del alquiler y dejará fuera de él a muchos inquilinos que hasta ahora negociaban las rentas con los propietarios dentro de los márgenes económicos que ambos podían permitirse acorde a su situación”, lo que generará que haya un “casting de inquilinos” debido “al desconocimiento de los políticos sobre el funcionamiento real del mercado del alquiler y falta de consulta del sector”.

Tope al alquiler

Una de las medidas que formaban parte del Plan de choque contra el impacto de la guerra en Ucrania para paliar la crisis económica que estaba provocando en el país era la limitación del 2% en la revalorización de los alquileres, desvinculándolo del Índice de Precios del Consumidor (IPC) y pasando a aplicar el Índice de Garantía de Competitividad (IGC).

Ante el avance de la inflación, el Gobierno pretendía poner en marcha esta medida para evitar una subida de alquileres que perjudicase a los arrendatarios. El portal Idealista cifró el impacto de la medida en 560 millones de euros de pérdidas para los propietarios.