La Fiscalía abre una investigación sobre el contrato de mascarillas del hermano de Ayuso
El organismo inicia diligencias previas sobre el contrato que ha utilizado la dirección del PP para 'investigar' internamente a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Isabel Díaz Ayuso en un acto en Boadilla del Monte. EFE
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir una investigación por el contrato de suministro de mascarillas por el que intercedió el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El organismo público ha decidido este martes abrir diligencias después de recibir las denuncias presentadas por los grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea regional, como Más Madrid y PSOE.
Tanto la formación liderada por Mónica García como el grupo socialista madrileño en la cámara regional entregaron el viernes pasado tres denuncias a la Fiscalía por el contrato de Priviet Sportive, por el que se suministraron mascarillas a la Comunidad de Madrid en marzo de 2020. Según los denunciantes, el cobro por parte del hermano de Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, por servicios de intermediación en ese contrato pueden suponer una violación de la ley. La presidenta madrileña explicó ayer los detalles de este contrato y confirmó su intención de entregar toda la documentación recabada a la Fiscalía y volvió a asegurar que no hay ninguna infracción de la legalidad en esa operación.
El ‘dossier’ del PP contra Ayuso
El contrato de suministro de mascarillas forma parte del ‘dossier’ que ha utilizado la dirección nacional del PP para investigar internamente a Ayuso, en el marco de la lucha de poder que ha librado Génova contra la presidenta regional. Según el presidente del PP, Pablo Casado, recibió el documento hace meses, lo que le llevó a iniciar una «investigación interna» para dilucidar si la actitud de Ayuso había sido «ejemplarizante». El escándalo estalló la semana pasada tras descubrirse que Génova había intentado espiar a la presidenta madrileña, a través de diferentes agencias de espionaje.
Denuncia de Más Madrid
Más Madrid, PSOE y Podemos han iniciado una ofensiva judicial para tratar de esclarecer el origen de los pagos del contrato que ha supuesto la ‘guerra civil en el PP. En la denuncia presentada en Anticorrupción Más Madrid explica cómo el 7 de noviembre del pasado año Mónica García recibió un mensaje donde, de forma anónima, se les hablaba de “un caso grave de corrupción” sobre el hermano de la ex presidenta.
En esos mensajes, de los que se incluyen pantallazos, se denunciaba cómo “en el peor momento de la pandemia” la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato de 1,5 millones a la empresa de Daniel Alcázar, “amigo de los Ayuso”. En aquel momento, según se recoge en el escrito, aquellas informaciones fueron estudiadas pero el responsable jurídico de la formación no observó elementos suficientes de veracidad como para ponerlas en conocimiento del Ministerio Fiscal.
“Pese a la existencia de dicho contrato, no había indicios suficientes para involucrar a las personas citadas en una denuncia penal por una serie de mensajes anónimos”. Pero la oposición intentó impulsar entonces una ofensiva parlamentaria a raíz de este caso pero la Mesa de la Asamblea de Madrid, controlada por la derecha, bloqueó su intención. Así, el órgano no admitió la propuesta de comparecencia del hermano de la presidenta autonómica ni del dueño de la empresa que se hizo con el contrato puesto en duda.
Un «conjunto de elementos»
Asunto que se había olvidado prácticamente hasta que ayer jueves explotó la guerra en el Partido Popular. Así, tal y como queda también reflejado en la denuncia, Isabel Diaz Ayuso reconoció en su comparecencia ante los medios de comunicación “la existencia de relaciones” entre Priviet Sportive SL y su hermano.
Y es ahora, casi cuatro meses después, cuando el “conjunto de elementos” recibidos desde el pasado mes de noviembre de 2021 llevan a la formación que dirige Íñigo Errejón a pensar que sí que “existe” veracidad sobre los indicios denunciados en aquellos mensajes anónimos. Además, para Más Madrid, los hechos denunciados podrían ser constitutivos de distintos delitos; entre ellos cohecho propio e impropio, tráfico de influencias, malversación (tanto apropiación indebida del patrimonio público como administración desleal) y prevaricación. De esta manera, Más Madrid pide a la Fiscalía abrir las diligencias oportunas.
